San Salvador, 30 abr (EFE).- La familia del exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, pidió este miércoles a la Fiscalía General de El Salvador, mediante los abogados de la organización humanitaria Cristosal, que se investigue penalmente su muerte en custodia estatal.
Los abogados, en nombre de la familia de Muyshondt, presentaron un aviso penal en el que solicitaron a la Fiscalía una investigación por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado.
“Este es un caso que muestra un precedente importantísimo que debe ser investigado” y “nos preocupa enormemente el silencio de las autoridades fiscales, dijo en una conferencia de prensa en San Salvador la abogada Zaira Navas, jefa del área Jurídica de Cristosal.
De acuerdo con la abogada, la Fiscalía salvadoreña “no se ha pronunciado hasta este momento a pesar de los señalamientos de demanda de Justicia de la familia”.
Navas expuso que este caso “muestra las prácticas de este Gobierno”, que “son muy similares” a otros casos relacionados con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
“En este caso en particular, siendo Muyshondt una persona de absoluta confianza del presidente de la República, probablemente se quiso poner un ejemplo, poniendo un castigo ejemplarizante”, apuntó la letrada.
Relató que en este caso se habría dado una “privación absoluta de la libertad, negándole cualquier tipo de derecho de defensa, de relación con su familia, sometiéndolo a prácticas de tortura”.
Por su parte, David Morales, también abogado de Cristosal, señaló que es “inusual” que no se conozca la respuesta dada por el Estado a las Naciones Unidas tras varios meses de que el organismo solicitó información.
“A más de 9 meses de que se dio esta comunicación con los mecanismos especiales lo que hay es silencio por parte del Estado”, acotó Morales.
Muyshondt fue detenido en agosto de 2023, acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del difunto expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Antes de la detención, el presidente Bukele publicó un mensaje en redes sociales donde señaló que “el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) descubrió que el señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019, habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes”.
En octubre pasado, se conoció que un informe elaborado por expertos forenses internacionales señala irregularidades en la atención hospitalaria y la investigación posterior a la muerte Muyshondt, según dio a conocer la organización Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, “estos hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador”.
