Madrid, 14 jul (EFE).- Catorce entidades del sector de la bicicleta compartida han firmado por primera vez un manifiesto conjunto del sector para pedir al Gobierno que integre este medio de transporte en el Plan Nacional del Fondo Social para el Clima (FSC) que debe presentar ante la Comisión Europea.
Estas organizaciones, que representan al 100 % del sector según un comunicado remitido este lunes, reclaman medidas concretas para «no desaprovechar una oportunidad única de inversión» que garantice el acceso equitativo a la movilidad sostenible y que, además de ampliar infraestructuras, pueda «democratizar las opciones» de transporte, especialmente en municipios medianos, áreas periféricas y zonas en riesgo de exclusión.
Esta iniciativa se ha hecho pública «tras meses de diálogo y reuniones técnicas» con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en las que las entidades han trasladado «su voluntad de contribuir a una movilidad más equitativa y sostenible» en un país como España, que «cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia».
Beneficios
La inclusión de este vehículo de dos ruedas en el plan que ultima el MITECO podría, según estas entidades, aumentar hasta 100.000 el número de bicicletas compartidas en 2030 -actualmente hay unas 35.000 y el 89 % pertenecen a sistemas públicos municipales-, reducir en 200.000 toneladas anuales las emisiones de CO2 y bajar al menos un 10 % el uso del transporte privado en zonas urbanas.
Además, el comunicado afirma que «más de un millón de españoles no puede permitirse el transporte ni tiene alternativas al coche», una situación que se agrava en zonas rurales, donde las familias tienen que destinar un 14,1 % de su presupuesto anual al transporte, frente al 10,6 % de las que viven en áreas urbanas debido a la reducida oferta de transporte público en el mundo rural.
Otros beneficios, de acuerdo con este análisis, pasan por lograr tarifas más asequibles para colectivos vulnerables y generar más de 5.000 empleos en el sector del transporte, lo que convertiría a la bicicleta en uno de los «motores de transformación de la movilidad urbana en España».
Medidas a tomar
Las medidas propuestas se agrupan en cinco grandes bloques: el fomento de la intermodalidad en el transporte, la optimización y expansión de los sistemas ya existentes de bicicletas compartidas, el bono social de transporte aplicable y la tarifa social, la expansión a municipios medianos y pequeños y la creación de un programa de microsubvenciones para necesidades específicas de estos servicios.
El manifiesto insiste en la necesidad de incorporar criterios como la accesibilidad, el tiempo de desplazamientos y el coste de la movilidad en la planificación de nuevas políticas públicas, además de aplicar incentivos y subsidios específicos para las bicicletas compartidas en municipios con conectividad reducida.
El FSC está dotado con más de 87.000 millones de euros para el período 2026-2032 y tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía europea a afrontar los costes de la transición ecológica, incluyendo el acceso a una movilidad «limpia y asequible».
En principio está previsto que España reciba cerca del 10,5 % del fondo total (más de 9.200 millones de euros) una vez la Comisión Europea apruebe el Plan Nacional que debe presentar el Gobierno antes de finales de 2025 para que las ayudas puedan ponerse en marcha a partir de 2026.
