San Salvador, 15 may (EFE).- Un grupo de unos 20 activistas pidieron este jueves la liberación de un joven abogado, defensor de derechos ambientales, y de un líder comunitario detenidos en El Salvador tras solicitar ayuda al presidente Nayib Bukele para detener el desalojo de unas 300 familias, residentes en una zona rural.
Las personas, integrantes de organizaciones civiles, se trasladaron y concentraron a las afueras de una sede de bartolinas (calabozos) de la Policía Nacional, en la localidad de Lourdes cercana a San Salvador, donde están detenidos Alejandro Henríquez y de José Ángel Pérez, un pastor evangélico y presidente de la cooperativa El Bosque.
La noche del lunes, un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron en las cercanías de un exclusiva residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.
Diversas organizaciones denunciaron el martes la captura de Henríquez y de Pérez tras participar en la concentración del lunes, según las ONG.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “libertad para nuestro compañeros inocentes”, gritaron a una sola voz los activistas, a quienes un grupo de aproximadamente 50 policías les cerraron el paso, impidiéndoles llegar hasta la entrada de las bartolinas.
Ingrid Escobar, quien acompañó la actividad y directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH), aseguró que los detenidos son “dos luchadores, defensores y son inocentes” de “cualquier cargo que se les está imputando”.
“Lo que estamos haciendo este día es pedir por la libertad de Alejandro Henríquez y de José Ángel”, expresó.
De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, unas 300 familias serán desalojadas de las tierras en que habitan hace décadas el 22 de mayo próximo por orden judicial tras un proceso legal en el que los afectados denuncian haber sido estafados.
En este contexto, Bukele anunció que enviaría al Congreso una Ley de Agentes Extranjeros para cobrarle un impuesto del 30% a las donaciones de las organizaciones sociales, porque las personas fueron “manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”, escribió en X sin presentar pruebas.
La iniciativa fue anunciada por el mandatario luego de la concentración del lunes y aseguró que los recursos serían destinados a la ayuda de las personas que serían desalojadas.
