Madrid, 31 may (EFECOM).- La propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de instar a Airbnb a que, de manera inmediata, retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma ha tenido eco en medios internacionales como la CNN, donde ha vinculado esta medida con el “derecho a vivienda” de los españoles.
“Básicamente, se trata de un problema relacionado con el derecho a la vivienda de los españoles, por lo que buscamos un equilibrio para que cada economía sea sostenible y no afecte a los derechos de los españoles”, ha apuntado en una entrevista virtual que el ministerio ha colgado en su cuenta de Instagram.
El ministro, que se encuentra en Reino Unido para participar en una conferencia en la Universidad de Cambridge, ha recordado que se han identificado más de 65.000 anuncios de alquiler que incumplían los requisitos legales de publicidad, una situación que también afecta “a los derechos de los consumidores en España”.
El pasado 19 de mayo, el ministerio informó de que ha pedido a Airbnb que, de manera inmediata, retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron los anuncios ilegales que se detectaron en su plataforma e instó a la empresa a bloquear esta publicidad.
Airbnb recurrió en los tribunales la acción de Consumo y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncia sobre una de las resoluciones y respalda la iniciativa del ministerio e insta a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.
Según ha afirmado Bustinduy en la CNN, se trata también de “una cuestión de Estado de derecho o de cumplimiento de la normativa española” y es “esencial” que cualquier actividad económica, independientemente del poder de la empresa que la ejerza, cumpla con las leyes locales y que dicha actividad económica no sea contraria a los derechos de las personas.
Sobre la apelación de Airbnb, Bustinduy ha explicado que en España “existe un Estado de derecho” y toda empresa tiene “derecho a apelar”.
“Entiendo que eso es lo que están haciendo, pero mi mensaje es muy claro: toda empresa, por muy poderosa que sea, debe cumplir con las regulaciones”, ha agregado.
Desde hace tiempo, ha puntualizado, la sociedad se ha acostumbrado a la idea de que los grandes actores económicos y las multinacionales tienen el poder de establecer las leyes del mercado, “y así no es como debe funcionar en una democracia”, pues “las leyes no deben adaptarse a los modelos de negocio de las poderosas corporaciones”.
“Deben adaptar sus modelos de negocio a las leyes vigentes en España. Deben preservar los derechos constitucionales de los españoles, especialmente el derecho a la vivienda”, ha insistido.
El turismo, ha agregado, debe realizarse “de forma sostenible” y “respetando las regulaciones”, de forma que “todos los actores económicos rindan cuentas”.
