Valladolid, 30 abr (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno la nacionalización de la red de suministro eléctrico, la creación de una empresa pública de energía para gestionarlo, y el empleo de las fuerzas de orden público para entrar en las empresas que no quieran ofrecer datos del apagón.
“Tenemos un sistema energético privatizado y diseñado en beneficio de las grandes compañías”, por lo que “es necesario nacionalizar la red eléctrica”, ha esgrimido Fernández este miércoles durante una rueda de prensa celebrada en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, donde participa en un pleno como parlamentario autonómico.
Ha criticado que el Gobierno “encuentre ahora 10.000 millones de euros” para aumentar el gasto militar y no tuviera en 2018 los 8.000 millones necesarios para la nacionalización del sector eléctrico cuando Podemos se lo exigió, ha recordado ahora casi siete años después.
A su juicio, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “ha preferido gastarse el dinero en aumentar el gasto militar mientras tenemos una red eléctrica vulnerable”, y ha recordado que, debido a ello, el Gobierno ha tenido que recortar 5.000 millones para la transición ecológica “que debería haber dedicado a una mejor integración de las renovables en la red”.
Intervención en las sedes
El dirigente de Podemos ha considerado algo “gravísimo e inadmisible” que algunas empresas se hayan negado a ofrecer datos que podrían aclarar el apagón generalizado del pasado lunes en la península, de acuerdo con declaraciones de miembros del Gobierno de las que se ha hecho eco.
“El Gobierno tiene que intervenir estas empresas eléctricas para conocer hasta el último detalle de la caída total del sistema eléctrico”, hacerlo con el concurso de la Fiscalía y mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “en nombre de la seguridad nacional”, ha apostillado.
Empleará para ello una iniciativa parlamentaria al igual que hará para la petición de creación inmediata de una empresa pública de energía que permita recuperar “el control público del sector”, ha recalcado.
“La seguridad no es comprar armas ni alimentar la industria de la guerra sino tener un sistema público de energía fuerte que no nos haga vulnerables y proteja a los miles y miles de familias que en España viven sumidas en la pobreza energética”, ha concluido.