Madrid, 18 sep (EFE).- La Asociación Equiparación Real ha presentado una reclamación ante el Ministerio del Interior en la que solicita el reconocimiento de profesión de riesgo para los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, al entender que ahora mismo sufren «una discriminación inaceptable» respecto a otros cuerpos policiales.
Así lo ha anunciado este jueves la asociación en una rueda de prensa en el despacho de abogados Durán&Durán, que ha sido el designado para la interposición de esta reclamación administrativa.
Los abogados Miguel y Miguel Ángel Duran, socios del bufete, y Eliud Vega, presidente de la asociación, acompañado por miembros de la misma, entre ellos policías nacionales, han ofrecido los detalles de sus demandas.
Fundamentalmente, el reconocimiento expreso y normativo de la profesión de riesgo que desempeñan «la totalidad de los agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil, con todas las consecuencias jurídicas, laborales y legales».
Y es que, en este momento, ningún guardia civil y solo aquellos agentes nacionales que hayan ingresado en el cuerpo a partir del 2011 y que pertenecen al régimen de la Seguridad Social gozan de los beneficios de dicho reconocimiento.
Desde la asociación no entienden la falta de reconocimiento de la peligrosidad de la profesión de estos agentes por parte del ministerio, ha indicado su portavoz Alejo Moreno, ya que otros cuerpos policiales sí la tienen reconocida.
En 2019 se les reconoció a los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local, y tres años más tarde, en 2022, a los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra, ha recordado.
Con este reconocimiento, han explicado, se les aplicarían una serie de coeficientes reductores que les permitiría beneficiarse de una jubilación anticipada sin perder dinero.
Actualmente, algunos los agentes de la Policía Nacional y todo el cuerpo de la Guardia Civil reciben 700 euros menos que aquellos que sí lo tienen cuando se retiran.
Aunque desde la asociación creen que es lógico el reconocimiento, Moreno, ha incidido en su situación y ha afirmado que los agentes de ambos cuerpos tienen un índice del 2,7 % (de cada diez mil) de mortalidad en acto de servicio y su esperanza de vida es de siete años menos en caso de los hombres y de cinco en caso de las mujeres respecto al resto de la población.
Además, el escrito presentado recoge que los agentes tienen una alta exposición al peligro y al estrés, una mayor incidencia de lesiones enfermedades profesionales y suicidios, una carga emocional y psicológica acumulada que excede a lo «razonable», y servicios nocturnos, intervenciones en terrorismo y demás misiones de riesgo.
Por todo ello, el despacho y la asociación solicitan al Ministerio de Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que inicien los procedimientos necesarios para declarar oficialmente la condición de profesión de riesgo.
Asimismo, reclaman el establecimiento de mecanismos de compensación presupuestaria y de transición, y exigen al Estado el cumplimiento de la sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo, y que acabe con la «evidente discriminación» entre otros cuerpos a través de una modificación normativa.
