Madrid, 10 jun (EFE).- El Grupo Popular en el Congreso ha presentado este martes en el pleno de Congreso una proposición de ley para modificar la de Costas de 1988 y admitir «excepcionalidades» en el caso de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y de clubes deportivos náuticos.
El Grupo Socialista ha considerado que la propuesta es «inconstitucional» y «negacionista».
Carlos Gil Santiago (PP), que ha defendido la proposición, ha dicho que el objetivo es «adaptar la legislación a una realidad ya existente» y cambiar una ley que, a su juicio, «no distingue entre lo accesorio y lo fundamental» y no prevé una respuesta adecuada para unos casos «singulares».
El texto de la proposición señala que la regresión del litoral que sufren las costas españolas, agravada por el cambio climático, «ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre».
La modificación de los deslindes, añade, supone «un despojo de propiedades consolidadas». La proposición cita, entre otros ejemplos, las Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos en la Región de Murcia o les Casetes de Vorera en Menorca.
El Grupo Popular propone que esos núcleos sean excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde y queden regidos por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección.
También precisa las condiciones de las instalaciones destinadas a actividades deportivas náuticas federadas, cuya actividad «se ve amenazada por una aplicación rígida de la ley».
«No todo lo que está cerca del mar es ilegal y hay lugares que merecen una excepcionalidad razonada», ha argumentado Gil Santiago.
Representantes de asociaciones y municipios de afectados asistieron al debate desde la tribuna de invitados.
Gil Santiago ha dicho que los propietarios sufren «una situación de inseguridad jurídica sin haber hecho nada para merecerlo».
«No hablamos de pelotazos urbanísticos, ni de especulación, ni de viviendas de lujo», ha indicado el diputado. «Hablamos de viviendas humildes que forman parte de nuestra historia y de pequeños negocios».
Para Víctor Camino, del Grupo Socialista, la propuesta es «una trampa».
Tras mostrar su simpatía con los propietarios, ha indicado que «este tipo de bienes se definen en la Constitución como de dominio público marítimo-terrestre y el legislador no puede pasarlo por alto» ni se puede eliminar ese régimen».
«La reforma está redactada para favorecer a determinados grupos de interés», ha añadido. «Esto no va de protección a los vecinos, esto va de negociete».
Patricia Rueda, de Vox, ha reprochado al Grupo Popular «el dislate» de hablar de cambio climático, aunque su voto será favorable a la toma de consideración.
Por Sumar, Júlia Boada ha considerado que la proposición ofrece «una visión equivocada» porque pretende crear una figura jurídica para proteger «intereses particulares».
Teresa Jordá, del Grupo Republicano, ha dicho que la proposición «ignora las condiciones técnicas de navegación» pero ha anunciado el voto a favor para debatir al respecto y mejorar la ley.
Cristina Valido (Coalición Canaria) ha compartido la necesidad de estudiar «caso a caso» y ha asegurado que el debate lo esperan «miles de afectados».
Podemos ha anunciado su voto en contra por considerar la proposición «una puerta abierta a la legalización de construcciones que han invadido la costa» de forma «irregular», según ha expuesto la diputada Noemí Santana.
Idoia Sagastizabal, del Grupo Vasco, ha opinado que pueden darse situaciones injustas, aunque en ningún caso se puede abrir la puerta a una desprotección del litoral. «No nos opondremos a este debate», ha anticipado.
«Estamos a favor de buscar soluciones al limbo legal» de esos núcleos, ha expuesto Pilar Calvo, de Junts, que ha subrayado la importancia de proteger los clubes náuticos para fomentar la vida al aire libre entre los niños y apartarlos de los dispositivos móviles.
La proposición de ley se votará al término de la sesión del Pleno.
