Bogotá, 17 jun (EFE).- Una veintena de legisladores de la Cámara de Representantes de Colombia respaldó una petición de moción de censura contra todos los ministros que firmaron el polémico decreto con el que el presidente izquierdista Gustavo Petro busca convocar una consulta popular sobre su reforma laboral.
La solicitud, presentada el lunes por la segunda vicepresidenta de la Cámara, la opositora Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, fue firmada por 26 congresistas y exige la salida de los ministros que avalaron el llamado ‘decretazo’ al considerar que autorizaron «un acto ilegal e inconstitucional, en contra de la voluntad expresa del Senado y del diseño institucional que rige el país».
Petro y sus ministros firmaron la semana pasada el decreto que llama a los colombianos a las urnas el próximo 7 de agosto para expresarse sobre su reforma laboral pese al rechazo previo del Senado y a las advertencias de juristas y actores políticos sobre su falta de sustento legal.
El mandatario, quien asumió el poder en agosto de 2022, calificó como un «fraude» el veto a su propuesta de consulta popular en la Cámara Alta, donde el oficialismo no tiene mayoría y una comisión ya había archivado en marzo su reforma laboral, que aborda temas como la reducción de la jornada de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, y salarios dignos para el campo.
Según la petición de Garrido, «todos los ministros firmantes del Decreto 639 deben ser citados a moción de censura porque autorizaron un acto manifiestamente inconstitucional, desconocieron la competencia y decisiones del Senado de la República, usurparon funciones propias del poder judicial y promovieron una crisis institucional de alta gravedad».
El texto sostiene que «la moción de censura no solo es procedente, es necesaria para preservar la Constitución, la división de poderes y el orden democrático».
El decreto presidencial fue firmado por los 19 ministerios, pero en cuatro casos —Relaciones Exteriores, Justicia, Minas y Ambiente— no lo hicieron los ministros titulares por diversas razones, sino viceministros o encargados.
Con el ‘decretazo’, tanto opositores como antiguos aliados del Gobierno han acusado a Petro de romper el orden institucional y de intentar un «autogolpe». Varios han interpuesto demandas ante el Consejo de Estado, la máxima autoridad en materia administrativa.
El presidente advirtió que solo desistirá de la consulta si el Senado aprueba el texto original de su reforma que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes.
Esta semana, a contrarreloj y a solo cuatro días del cierre del periodo legislativo, el Senado debate una versión del proyecto que Petro y sus simpatizantes consideran desvirtuada.
El decreto está ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si es procedente, y de la Registraduría Nacional, encargada de organizar las elecciones.
El representante de esta última, el registrador Hernán Penagos, aseguró hoy que deja en manos de las altas cortes el futuro de la consulta popular, pero adelantó que no podría realizarse el 7 de agosto por falta de tiempo.
