Tegucigalpa, 11 mar (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Cossette López, denunció este martes que empleados del organismo en Tegucigalpa “están siendo aterrorizados y vulnerados en sus derechos”.
López, representante ante el CNE por el opositor Partido Nacional, culpó a su compañero consejero ante el mismo ente por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, y le solicitó al estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que interceda.
“Hago un llamado al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para la protección de nuestros empleados del CNE en INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) que están siendo aterrorizados y vulnerados en sus derechos, con exposición y riesgo personal que debemos evitar o lamentaremos”, indicó López en la red social X.
Las instalaciones del INFOP, en la capital hondureña, son el centro de recepción y despacho de todo el material que el CNE utilizó en las elecciones primarias e internas que el pasado domingo celebraron los tres partidos mayoritarios de Honduras: Libre, Nacional y Liberal.
López también afirmó que ve “un plan estratégico para desmantelar la institucionalidad”.
La tercera consejera del CNE es Ana Paola Hall, del Partido Liberal, quien el pasado 14 de febrero dijo haber recibido amenazas a su integridad, a tres semanas de que se celebraran los comicios, lo que denunció ante el Ministerio Público (Fiscalía).
Las relaciones entre los tres consejeros del CNE se han agriado desde antes de las elecciones primarias e internas, y hoy se elevaron de tono tras la denuncia de López, quien afirmó al Canal 5 de televisión que Ochoa actúa como activista de Libre en el ente electoral, defendiendo a “su reina”, en alusión tácita a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien virtualmente es la candidata presidencial del partido gobernante, y a las Fuerzas Armadas.
López ha responsabilizado en parte a las Fuerzas Armadas, que por ley son las responsables del traslado y custodia de todo el material electoral a nivel nacional, de los incidentes registrados el día de las elecciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes, donde el material llegó a algunos centros de votación hasta con más de doce horas de retraso.
En Tegucigalpa muchas de las maletas electorales anduvieron paseando en microbuses del transporte urbano, incluso algunos permanecieron aparcados en distintos barrios, sin ninguna vigilancia y seguridad de las Fuerzas Armadas.
Eso derivó en que miles de hondureños ejercieran el sufragio hasta en la madrugada del lunes, en un hecho sin precedentes en la historia política del país, donde los fraudes y el desorden, incluido el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, siempre han sido protagonistas en los 45 años que lleva Honduras de vida democrática, después de casi dos décadas de regímenes militares.
Zelaya, esposo de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de quien es su principal asesor, también es coordinador general del partido Libre.
La Fiscalía anunció el lunes que lo sucedido con el mal manejo del material electoral, de lo que Marlon Ochoa responsabiliza en parte a sus otras dos compañeras en el CNE, será investigado.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien el domingo dijo que lo sucedido es “parte de la experiencia que se está adquiriendo”, es uno de los militares que ha sido citado por la Fiscalía para que responda sobre lo ocurrido el día de las elecciones.
También será citado personal del CNE, dijo a periodistas el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora.
La presidenta consejera del CNE reiteró hoy que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad en la demora de la llegada del material electoral a muchos centros de votación.
