Lima, 20 sep (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) emitió este sábado un informe en el que advierte que el primer ministro, Eduardo Arana, habría infringido el principio de neutralidad en el periodo electoral tras publicar un pronunciamiento que favorecería al partido fujimorista Fuerza Popular.
Este viernes, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que encabeza Arana, publicó en sus redes sociales oficiales un pronunciamiento en el que acusa a la Fiscalía de la Nación de haberse «alejado del ordenamiento jurídico» nacional por haber pedido al Poder Judicial que se declare ilegal a Fuerza Popular y se le impida participar en las elecciones generales de 2026.
El JNE envió este sábado un informe al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en el que expone que tras emitir este comunicado, el primer ministro «habría producido la vulneración a la normativa vigente», específicamente lo dispuesto en el Reglamento Electoral.
«Eduardo Melchor Arana Ysla, presidente del Consejo de Ministros, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales, que favorecería a la organización política de Fuerza Popular», reza el documento.
El informe hace referencia a la posible transgresión del artículo 32, que regula la neutralidad de los funcionarios públicos durante los procesos electorales, y recomendó elevar el caso al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 para que adopte las medidas correspondientes.
El JNE advierte que la vulneración de la neutralidad por parte de altos funcionarios puede generar sanciones en diferentes ámbitos, además de eventuales responsabilidades penales.
Comunicado de la PCM
En el comunicado publicado en la víspera, la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que los poderes del Estado y los organismos autónomos, constitucionalmente constituidos, tienen «el deber de consolidar» la «democracia, asegurar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar confianza dentro y fuera» del país.
«Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes», señaló la PCM.
Añadió que el proceso electoral «no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política».
«La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral», concluyó sin mencionar directamente al partido fujimorista.
El pedido de la Fiscalía contra el fujimorismo
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, que fue suspendida temporalmente este viernes, pidió el jueves al Poder Judicial que declare «la ilegalidad» del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por realizar «actividades contrarias a los principios democráticos».
Espinoza acusó a Fuerza Popular de una «vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales», así como de promover «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada».
También señaló que el partido fujimorista exculpa «atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno» (1980-2000), que enfrentó al Estado contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túúpac Amaru (MRTA).
«Por consiguiente, en mérito a la conducta antidemocrática atribuida a la organización política Fuerza Popular», pidió que se disponga la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y que se le excluya de la participación en las elecciones generales peruanas del próximo año.
Tras conocerse la información, Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia de Perú tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, aseguró que se trata de un «pedido abiertamente antidemocrático» y una «cortina de humo» lanzada por la Fiscalía.
