Oviedo, 28 jul (EFE).- La comisión de investigación constituida en el Parlamento asturiano para investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores y causó heridas a otros cuatro en la mina de Cerredo, en el suroccidente del Principado, ha empezado este lunes a recabar los primeros testimonios.
Dos agentes de Medio Natural del Principado han sido los primeros en comparecer de los 81 que han sido citados por esta comisión, que tiene fijadas más declaraciones todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.
Una agente de Medio Natural que firmó electrónicamente en 2024 un acta en el que un guarda alertaba de posibles trabajos de extracción en la mina de Cerredo y un compañero que puntualmente trabajaba en la zona de la mina, pero que no tramitó ningún expediente relacionado con actividades extractivas han sido los primeros en comparecer.
Ambos han negado conocer posibles actividades ilegales y se han limitado a señalar que el servicio en el que trabajan se tramitan todas los actas o denuncias llegan desde la guardería y que no hay problemas de coordinación.
La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas de Asturias, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.
Las comparecencias ante esta comisión se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
También están citados responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, o los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.
