Madrid, 8 ago (EFE).- La aprobación por el PP en Jumilla (Murcia) de la prohibición de actos religiosos, culturales o sociales en instalaciones deportivas municipales responde al último de los peajes exigidos por Vox para mantener su apoyo a los populares en diferentes instituciones, en una difícil relación con continuos pactos, rupturas y reencuentros.
Jumilla es el último y perfecto ejemplo de la relación entre ambos partidos, en unos lugares más fluida y en otros más complicada.
De forma parecida a como ocurre en otras administraciones, en esta localidad murciana el PP necesita al único representante de Vox para desempatar sus 10 concejales de los otros tantos que suman el PSOE e IU-Podemos (que allí van juntos), y por supuesto pone sus condiciones.
En función de estas, como ha recordado esta semana la concejala de IU-Podemos-AV en la localidad, Ana López, primero se eliminó la celebración institucional del Día de la Mujer el 8 de marzo, luego la del Día del Orgullo LGTBQ+, sin poner la bandera ni leerse manifiesto, y en esta ocasión le ha tocado al colectivo musulmán en Jumilla.
Ahora se ha dado la circunstancia de que la moción de Vox que exigía directamente vetar la fiesta islámica del cordero, finalmente rebajada por el PP, ha coincidido con la aprobación de los presupuestos, que han salido adelante gracias a la abstención de Vox, que ha conseguido eliminar la partida del plan de igualdad, las ayudas de cooperación internacional y las asignaciones para el funcionamiento de los grupos municipales.
Violencia «intrafamiliar» o inmigración «ordenada»
El primer gran acuerdo entre PP y Vox que llevó a cargos de esta formación a un gobierno autonómico, el de Castilla y León en marzo de 2022, aporta otro ejemplo de la compleja relación entre los dos principales partidos de la derecha española.
Ese acuerdo comienza con un reconocimiento de discrepancias: «Reunidos los representantes electos del Partido Popular y Vox, conscientes de las diferencias entre las dos formaciones, pero responsables ante el mandato de los ciudadanos de Castilla y León, presentan este acuerdo de legislatura».
En él se encuentran ya compromisos que recogen postulados de Vox que el PP trata de compatibilizar con los suyos, como cuando se dice que se aprobará una ley de lucha contra la «violencia intrafamiliar», pero a la vez que se actualizará la normativa vigente -violencia de género- o que se promoverá una inmigración «ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León».
Leyes de «concordia»
Pactos similares se extendieron tras las elecciones autonómicas de 2023 a las diferentes comunidades donde el PP no consiguió la mayoría absoluta o el apoyo de otro grupo, como sí ocurrió en Cantabria gracias a los regionalistas de Miguel Ángel Revilla.
En la Comunidad Valenciana, el a la postre presidente autonómico Carlos Mazón tardó pocas semanas en firmar con Vox un acuerdo que dio a los de Santiago Abascal la vicepresidencia y varias consejerías e incluyó la voluntad de derogar las normas que «atacan la reconciliación en los asuntos históricos» o poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas».
De forma parecida, PP y Vox alcanzaron acuerdos como estos en más de un centenar de municipios y en los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura y Murcia y, sin entrar los de Abascal en el ejecutivo, en Baleares, aunque hace un año saltaron por los aires al no rechazar el PP el reparto de migrantes menores no acompañados como le exigió Vox.
Un año después, PP y Vox han podido aprobar de nuevo presupuestos en la Comunidad Valenciana o Murcia, pero mantienen las espadas en alto en Aragón, Castilla y León y Extremadura, lo que no ha impedido que juntos hayan derogado las leyes de memoria aprobadas por los anteriores ejecutivos de izquierdas en varias de ellas.
