Madrid, 3 sep (EFE).- Los bomberos forestales madrileños, en huelga indefinida desde el 25 de agosto, han protagonizado este miércoles una sonora protesta ante el Ministerio de Hacienda para reclamar a la empresa estatal Tragsa que negocie un nuevo convenio con mejoras salariales y laborales.
Tras una larga concentración con ‘performance’ incluida, han registrado en el Ministerio una petición de reunión y una «aclaración oficial» sobre la negativa de la concesionaria Tragsa a negociar un convenio de empresa con los brigadistas madrileños.
Unos doscientos bomberos han hecho durante más de media hora una simulación de incendio forestal con botes de humo y petardos, además de provocar un fuego controlado con cartones, para luego avanzar en filas ordenadas golpeando con sus batefuegos, como en un incendio forestal, frente al número 5 de la calle Alcalá.
Coreaban cánticos de «Bomberos forestales, derechos laborales»; «El fuego nos mata, Tragsa nos remata»; “Mil trescientos euros, por apagar incendios», entre otros dirigidos también a la Comunidad de Madrid: «Escucha Ayuso, para este abuso».
La extinción de incendios forestales en la Comunidad de Madrid está adjudicada a la empresa pública Tragsa, que mantuvo una «postura inmovilista», según los bomberos, en la reunión tripartita del 28 de agosto entre los sindicatos -Firet, UGT y CGT-, la Comunidad de Madrid y la concesionaria.
En esa reunión, Madrid ofreció una subida salarial del 10%, pese a que «nuestro poder adquisitivo ha caído un 35% desde la firma del convenio en 2008» (en palabras de los bomberos), mientras el presidente de Tragsa, Jesús Casas, no presentó «ninguna propuesta de mejora, escudándose en que no cuenta con permiso del ministerio para iniciar una negociación», según el delegado de Firet, Javier Villanueva.
De ahí que hayan registrado un escrito al ministerio, del que depende Tragsa, tras guardar un minuto de silencio por las cuatro personas «caídas en esta campaña de incendios».
Carta al Ministerio
En su escrito, los brigadistas piden «una aclaración oficial» del ministerio sobre la negociación colectiva, ya que Tragsa «se ampara en una supuesta prohibición externa para eludir su responsabilidad como empleador».
Los brigadistas buscan «un convenio de centro de trabajo o de actividad que recoja de forma específica» sus condiciones, y Tragsa responde «que no puede atender esta petición porque ni el Ministerio de Hacienda ni la SEPI lo permiten o lo autorizan», según el escrito al que ha tenido acceso Efe.
Por ello, preguntan al ministerio «si efectivamente Tragsa está legalmente impedida» para negociar; si existe «alguna instrucción, limitación o criterio vinculante emitido por ese Ministerio o por la SEPI que restrinja su capacidad de negociación»; y «cuáles son los cauces legales y efectivos» para que los trabajadores de Tragsa ejerzan sus derechos.
