Madrid, 7 abr (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha dicho que le preocupa “muchísimo” que desde ámbitos políticos y desde el Tribunal Supremo “se cuestione la legitimidad del tribunal” porque hacerlo es “cuestionar” a la propia corte de garantías pero también “el sistema democrático.
En un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid, el presidente de la corte de garantías ha respondido así al ser preguntado sobre si le preocupa que la clase política e incluso el alto tribunal cuestione la legitimidad del Tribunal Constitucional.
“Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del TC para dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es cuestionar el sistema democrático y eso me preocupa”, ha asegurado Conde-Pumpido.
Ha dicho que “todos los poderes públicos responden hoy ante el Tribunal Constitucional”, algo de lo que no escapan “ni el legislador ni el Gobierno ni el Supremo” y, por tanto, “deben actuar sometidos a la Constitución”.
Por eso, le ha parecido “sorprendente” que se formulen “amenazas de utilizar la vía penal” citando que en la actualidad “cualquier organización extremista puede presentar querellas”.
Así, que “se actúe penalmente contra el TC” no solo es “una advertencia” sino también “una realidad” al constatar las querellas presentadas que, si bien “son desechadas por el Supremo”, se vuelven a presentar después.
Conde-Pumpido ha reconocido que “la crítica jurídica es bien recibida” y que “las sentencias están sometidas a la crítica de los medios” pero “el problema es cuando uno se encuentra con amenazas penales en los medios”.
Y eso, ha precisado, “es algo que no sería comprensible en ningún país europeo”, que “los más altos magistrados del tribunal sean amenazados con la vía peal contra ellos”.
Ahora bien, sí que ha explicado que el Supremo “con buen criterio” ha dicho que el delito de prevaricación no puede ser utilizado contra ellos, porque “la ley orgánica del TC establece que ningún resolución puede ser examinada por ningún órgano jurisdiccional español” y porque fija “una inmunidad a los magistrados del TC que no pueden ser perseguidos por lo que digan en sus resoluciones”.
Pero, además, ha añadido que este delito está dirigido contra personal de la administración de Justicia y ellos no son poder judicial.
El presidente de la corte de garantías ha querido dejar claro que “la imparcialidad del tribunal está absolutamente garantizada” si bien ha admitido que hay “cierto desconocimiento de lo que es el TC”.
Y aunque ha reconocido que la actuación del tribunal genera “críticas y descalificaciones”, la corte de garantías “no puede esperar aplausos ni acobardarse ante la crítica porque toda decisión conlleva críticas y aplausos”.
