Sídney (Australia), 27 ago (EFE).- Fundada por multimillonarios de las criptomonedas, la plataforma australiana Kick, que ha expulsado a dos controvertidos ‘streamers’ españoles, se ha convertido en objeto de críticas tras la muerte en directo de un usuario francés, poniendo en relieve los riesgos de las emisiones en vivo.
Los ‘streamers’ españoles Simón Pérez y Silvia Charro han sido expulsados de la plataforma por incumplir sus normas internas, según confirmó este miércoles la empresa a EFE, aunque evitó pronunciarse sobre las circunstancias del caso.
La empresa se limitó a subrayar que establecen «de forma muy clara» sus directrices comunitarias y añadió que los creadores «deben atenerse a todas las leyes y regulaciones de su país».
Kick ha ganado notoriedad después de que el pasado 18 de agosto el ‘streamer’ francés Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove o JP, falleciera durante una transmisión en vivo en dicha plataforma, tras un directo de más de 12 días en el que fue sometido a actos de humillación y abusos por parte de otros participantes.
Aunque la autopsia descartó la intervención de terceros, las autoridades francesas investigan las causas de su muerte, que podrían estar relacionadas con factores médicos o toxicológicos.
Fundada por multimillonarios
Esta noticia puso el foco en la compañía, con sede en Melbourne, Victoria (sur de Australia), y que fue lanzada a finales de 2022 con financiación de multimillonarios australianos detrás del sitio de apuestas con criptomonedas Stake.com.
Su objetivo era competir con el gigante del ‘streaming’ Twitch -actualmente número uno en el sector-, prometiendo una menor moderación de contenido y comisiones más bajas para los creadores.
Esta laxitud se tradujo desde entonces en la permisión de expresiones racistas y homófobas, expansión de contenido de extrema derecha, apuestas, y también en el consumo de drogas o autolesión e humillaciones.
La batalla por el ‘clic’
Las plataformas de transmisión en directo funcionan a través de un modelo en el que los creadores emiten contenido en tiempo real mientras los espectadores pueden interactuar mediante chats, donaciones y suscripciones. El atractivo radica en la inmediatez y en la sensación de cercanía entre el creador y su audiencia, lo que ha impulsado a millones de usuarios en todo el mundo a su consumo.
Tanto en Kick como en Twitch, la monetización se sustenta principalmente en las suscripciones mensuales, que ofrecen ventajas a los seguidores, las donaciones directas durante las transmisiones y, en algunos casos, la publicidad.
A diferencia de otros servicios de vídeo bajo demanda, los ingresos de los ‘streamers’ dependen en gran medida de la interacción con sus audiencias, lo que genera una competencia feroz por atraer y retener espectadores y lleva a contenidos extremos para destacar entre miles de retransmisiones simultáneas.
Este era el caso de Graven, que alcanzó notoriedad en Kick por someterse a intensas sesiones de humillación y abuso físico en directo, ante miles de espectadores.
Simón Pérez y Silvia Charro se hicieron virales inicialmente como asesores financieros, pero en Kick evolucionaron hacia contenido autodestructivo: consumían drogas en directo, realizaban actos degradantes -como beber orina o volcarse vómito- y ejecutaban desafíos extremos.
Cambio en sus directrices
Aunque el caso de Graven y el de los dos creadores españoles no están directamente relacionados, algunos usuarios interpretan la expulsión de Pérez y Charro como un intento de la plataforma de endurecer su política de moderación.
En su web, la compañía prohíbe de forma explícita una serie de conductas consideradas ilegales, ofensivas o peligrosas. Entre ellas se incluyen estafas, contenido sexual de menores, materiales de abuso infantil, contenido sexual explícito sin advertencia de edad (18+) y contenido sexual no consentido.
También prohíbe en teoría las expresiones de odio, doxxing (acción de buscar y publicar información privada o sobre la identidad de una persona en internet, generalmente con intención de causarle daño), intimidación, discursos racistas u homófobos, violencia excesiva, conductas peligrosas o ilegales como el hacking o la estafa, así como la explotación de contenido sin derechos.
De no cumplirse con estas normativas, la empresa establece suspensiones temporales, indefinidas, y expulsiones permanentes.
Además, Kick cuenta únicamente con sistemas muy básicos de limitación de contenido no apropiado para menores, en el que el espectador debe responder si es o no mayor de edad.
La existencia de Kick llama la atención en el país austral, que ha dado pasos pioneros en la restricción del espacio digital y donde a finales de año entrará en vigor una ley para vetar a los menores de 16 en las redes sociales.
