Madrid, 26 ago (EFE).- La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil aprobada este martes por el Consejo de Ministros para los territorios que han sufrido la ola de incendios e inundaciones de este verano, antes conocida por zona catastrófica, está recogida en el artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Aprobada el 9 de julio de 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, esta norma señala que el Consejo de Ministros es al que compete la declaración, a propuesta de los titulares de los ministerios concernidos, que serán los que delimiten el área afectada.
Esta declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas y el Gobierno podrá solicitar un informe a las comunidades autónomas afectadas.
Las medidas aplicables las determinará el Consejo de Ministros y, según el artículo 24 de dicha norma, podrán entre ellas ser de tipo económico para ayudar a particulares por daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad, por compensación a las corporaciones locales por gastos derivados de su actuación, ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes, o bien para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Además, quedan encuadradas en este apartado las subvenciones por los daños en infraestructura municipales, las ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
También se podrán abrir líneas de préstamo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Consejo de Ministros podrá adoptar otro tipo de medidas fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), entre otras, así como otras en materia laboral y de Seguridad Social, como las extinciones o suspensión de contratos o reducciones de jornada que estén directamente causadas en la emergencia, o el aplazamiento hasta un año en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Por ejemplo, el 19 enero 2021, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de zona catastrófica en ocho comunidades autónomas afectadas por el temporal de nieve, lluvia, viento y frío Filomena (Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra), que desde el día 6 de ese mes dejó intensas lluvias en Andalucía y las nevadas más importantes en décadas en las restantes comunidades.
El 28 septiembre 2021 también se procedió a la declaración de zona catastrófica a la isla de La Palma por la erupción del volcán que mantuvo en vilo la isla durante tres meses.
De grandes incendios, el 23 agosto de 2022 el Gobierno aprobó declarar zona catastrófica los territorios afectados por grandes fuegos en todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria y Asturias. Aquel fue el peor año en hectáreas quemadas hasta este 2025.
Uno de los últimos casos fue el 5 noviembre de 2024, cuando el Gabinete que preside Pedro Sánchez declaró zona catastrófica 78 municipios afectados por la dana de octubre, (75 de la Comunidad Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía) para ayudar a los hogares, a las empresas, a los autónomos y a las instituciones afectadas , pero el listado podrá ampliarse a otros municipios, a otras comunidades.
El Consejo de Ministros aprobó también un paquete de ayuda a los damnificados por la dana de 10.600 millones de euros.
