Buenos Aires, 10 jul (EFE).- La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.
La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:
1. ¿Qué son los ATN?
Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.
Otro 56,66 % es «coparticipable», es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.
El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.
Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.
El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.
De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.
El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.
2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?
El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.
Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.
3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?
La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.
Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.
La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.
4. ¿Por qué el Gobierno de opone?
El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.
Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.
5. ¿Cuál es el impacto fiscal?
Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.
De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.
Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.
Natalia Kidd
