Madrid, 28 jun (EFE).- Redeia, matriz que integra al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, celebra este lunes su junta general de accionistas, una cita que abordará el nombramiento, entre otros, de Natalia Fabra como consejera independiente, y que tendrá lugar en pleno debate por el apagón peninsular del pasado 28 de abril.
Durante la junta, que se celebrará de forma telemática, también se votará la designación como consejera dominical de la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya, e intervendrá una representación de inversores minoritarios para dejar constancia de su malestar por cómo se ha gestionado la crisis del cero eléctrico y cómo se ha comunicado a sus accionistas.
Además de someter a examen y aprobación las cuentas anuales correspondientes a 2024, así como la propuesta de dividendo y las retribuciones del consejo, en el orden del día figuran la reelección como consejero independiente de José María Abad, y el nombramiento, siempre como independiente, de Albert Castellanos.
En el turno de palabra de los accionistas, se esperan las intervenciones de representantes de inversores minoritarios, españoles y europeos, que quieren alzar la voz y poner el foco en la actuación de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, a quien invitarán a dimitir.
Estos pertenecen a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la Federación Europea de Inversores y Usuarios de Servicios Financieros (Better Finance) y la Federación Mundial de Inversores (World Federation of Investors), que participarán como titulares de acciones.
En cualquier caso, los intervinientes no ejercitarán ninguna acción para que la sociedad, en el ámbito de la junta general, acuerde el cese de Corredor, ya que, dada la estructura de la propiedad -el Estado, a través de la SEPI, posee un 20 %-, no creen que surtiera efecto.
El apagón, en el horizonte
Entre los reproches destaca la gestión de Redeia respecto a la crisis de electricidad del pasado 28 de abril, y las conclusiones -que entienden contradictorias- del informe del comité investigador liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el elaborado por el operador del sistema.
En concreto, el trabajo del comité concluyó que el incidente del 28 de abril tuvo un «origen multifactorial», siendo la causa del incidente un «fenómeno de sobretensiones».
Según la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ese día faltaron capacidades de control de tensión bien «porque no estaban programadas con suficiencia (tarea de Red Eléctrica), bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma (labor de las eléctricas) o una combinación de ambas».
Un día más tarde, Red Eléctrica publicó su estudio, en el que alegaba que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, este episodio se habría evitado.
Precisamente, en la presentación de este último documento, la presidenta de Redeia se refirió a sí misma como «una persona con acreditada vocación de servició público», y recordó que un cargo de dichas características en una compañía cotizada depende del consejo de administración y de la junta general de accionistas.
No obstante, Corredor se cuestionó acerca de si, en el caso de que una autoridad competente determinara que hay alguna responsabilidad en el apagón tanto por parte de Red Eléctrica como de «otras casas», también se iba a preguntar a los presidentes del resto de compañías si iban a presentar su dimisión.
