Madrid, 22 sep (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, descarta dimitir a pesar de que la crisis de las pulseras de control de agresores se agranda debido a la presión política ejercida por la oposición, las explicaciones exigidas por el socio de coalición Sumar y después de haber trascendido que el Poder Judicial advirtió de problemas con los dispositivos.
Redondo ha defendido este lunes que el trabajo de su departamento en la gestión de los dispositivos Cometa es «excelente» y permite salvar vidas, por lo que ha negado que vaya a presentar su dimisión por las incidencias: «Sería irresponsable por mi parte irme en este momento», ha dicho en el canal 24 Horas.
Tras reiterar que los dispositivos siempre han funcionado correctamente y que ninguna mujer ha sido asesinada portando uno, la titular de Igualdad ha anunciado que ya se está preparando un nuevo contrato de licitación de las pulseras, que se activará a partir de mayo de 2026.
Redondo ha avanzado que el nuevo contrato, que tendrá una extensión de tres años con dos prórrogas, incluirá mejoras que evitarán que se produzcan incidencias detectadas en el sistema.
Presión política
Pese a las intervenciones de la ministra, el socio de coalición Sumar ha pedido una investigación de lo sucedido con las pulseras. Ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha exigido que se esclarezca todo lo sucedido y que, en el caso de que haya habido fallos, se repare a las víctimas afectadas.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que no se puede permitir que haya ningún fallo en la protección de las víctimas de la violencia de género.
El Partido Popular, que ha pedido ya en varias ocasiones la dimisión de Redondo, dedicará mañana gran parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a «abordar el escándalo de las pulseras». Una sesión en la que participarán los consejeros populares con las competencias de igualdad.
Los populares pedirán asimismo esta semana en el Pleno del Congreso la reprobación de la ministra. Por su parte, Vox considera que «en cualquier país decente esto habría llevado a una cascada de dimisiones inmediatas».
La ministra de Igualdad ha criticado con dureza al PP por utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas «como ariete político contra el Gobierno», «simplemente para ganar un puñado de votos», algo que ha calificado de «ruin, mezquino y absolutamente injusto» porque genera dudas sobre el sistema.
Ha lamentado la oposición «radicalmente irresponsable» de los populares, que «ya no se diferencia de Vox», e incluso ha dicho que al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo «le dan lo mismo las víctimas y le da lo mismo el sufrimiento y el miedo que puedan estar padeciendo».
«Generar alarma, miedo y sobre todo bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan», ha señalado la ministra, para quien esto son cuestiones «muy delicadas» sobre las que hay que «trabajar con discreción» para «resolver cada problema».
Redondo ha deslizado que con esta «desinformación», «a lo mejor» lo que se pretende es generar una «cortina de humo para desviar la atención» sobre casos de corrupción «que el PP tiene encima de la mesa» como, ha precisado, el de Alberto González Amador.
Son varios los colegas del Consejo de Ministros que han salido en defensa de Redondo. Es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha insistido en que las disfunciones detectadas no comprometieron su protección y ha advertido que sembrar dudas sobre la eficacia de las pulseras es una «irresponsabilidad manifiesta» porque «no ha habido ninguna brecha de seguridad» que pusiera en riesgo a las víctimas.
También la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha pronunciado sobre este asunto y ha acusado al PP de hacerse eco de desinformación «para intentar inocular miedo a las mujeres».
Podemos considera que «es un bulo decir que las pulseras han fallado» y que las mujeres han estado desprotegidas».
Advertencias judiciales
Sin embargo, pese a estas afirmaciones, este lunes ha trascendido que fueron varias las ocasiones en que Igualdad recibió advertencias judiciales por distintos problemas con las pulseras.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, trasladó sendos oficios a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente de Igualdad, en los que advertía de problemas con las pulseras de control de agresores machistas.
En ellos se hablaba de incidencias y fallos en los dispositivos, como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, según confirman a EFE fuentes jurídicas.
También las Audiencias Provinciales alertaron el pasado marzo de «fallos técnicos» en los dispositivos por «localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados».
Los presidentes de las Audiencias Provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que las jueces las imponían. El Consejo General del Poder Judicial trasladó en mayo estas conclusiones al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
