Paula Fernández
Madrid, 13 feb (EFE).- “Renovables sí, pero no así” es el lema que ha crecido entre movimientos vecinales y ecologistas españoles que se oponen a proyectos de energía limpia, para exigir un modelo que tenga en cuenta los impactos medioambientales y sociales y respete los territorios donde se implantan.
Expropiar y talar más de 100.000 olivos para colocar placas solares o instalar parques fotovoltaicos y eólicos en zonas de alta sensibilidad ambiental o donde ya existe, según los detractores, una saturación de capacidad instalada, son algunos de los casos que más voces contrarias están levantando.
El mensaje que defienden es el mismo: la transición energética es necesaria, pero la ubicación de los proyectos de renovables debe tener en cuenta el impacto sobre los vecinos y el medioambiente y no regirse sólo por intereses económicos o empresariales.
“Aquí no hay una transición ecológica, es una especulación”. Así lo define a EFE Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, integrada por afectados por las expropiaciones de olivos en Lopera, Arjona y Marmolejo (Jaén) para que Greenalia construya varios parques fotovoltaicos.
Alcalá asegura que no está en contra de las renovables, pero aboga por realizar los proyectos “con cabeza y haciendo partícipe a la población”, sin “arrasar” el medioambiente y el modo de vida de un pueblo donde el 90 % vive del olivar.
Y denuncia que se ha “fragmentado” una megaplanta solar en ocho proyectos de menor tamaño para facilitar las evaluaciones de impacto ambiental favorables.
Para intentar paralizarlos, la Plataforma ha interpuesto una denuncia penal por posibles delitos contra la flora y fauna y por prevaricación ambiental contra empresas y administraciones.
Más al norte, en el Maestrazgo, un Clúster Eólico se enfrenta a la contestación de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y la plataforma territorial Paisajes de Teruel, que han solicitado una suspensión cautelar.
El proyecto, impulsado por Forestalia y la danesa Copenhagen Infraestructure Partners, contará con 125 aerogeneradores y afectará a espacios naturales protegidos y zonas Red Natura 2000, según las organizaciones ecologistas.
“Es un proyecto de muy grandes dimensiones, estamos hablando de más de 20 parques eólicos”, señala a EFE el coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, que alerta de que el proyecto tendrá un “fuerte impacto” sobre espacios protegidos, el paisaje y el turismo rural.
Andaluz considera que la planificación de las administraciones no se hace en consonancia con los “valores ambientales y sociales” de los territorios y se permite a los promotores que decidan la ubicación de sus parques.
En casos como el del Maestrazgo se podrían localizar “perfectamente” en otro emplazamiento, dice el responsable de Ecologistas, que considera que sería incluso “más lógico” acercarlos a las zonas urbanas donde va a haber más consumo.
Es lo mismo que defiende la Asociación de Amigos de Benamira para el parque con más de 76.000 paneles fotovoltaicos que Engie pretende construir en Medinaceli (Soria), donde más de un centenar de vecinos se manifestaron en enero contra el proyecto.
“Hay varias ubicaciones posibles, sin impactos sobre poblaciones ni espacio natural protegido que ni siquiera se han considerado en el estudio de alternativas”, denuncia a EFE uno de los vecinos de Benamira, Juan Carlos Millán, que critica que se quiera situar la planta junto a una Zona de Especial Protección para las Aves.
Este proyecto ha generado un enfrentamiento entre los dos pueblos afectados por las placas, y en la colindante Esteras de Medinaceli un grupo de vecinos publicó recientemente un comunicado en defensa de la planta solar porque, dicen, dinamizará la economía.
Millán, que señala que sospechan que este apoyo viene de propietarios de los terrenos que van a recibir dinero por ellos, insiste en el “peaje ambiental”.
“Existen ubicaciones suficientes para este tipo de instalaciones. No nos oponemos frontalmente, ni mucho menos, porque sí que significa una inyección de dinero a los ayuntamientos, que siempre es algo bueno”, añade.
Hay casos en los que es el propio consistorio quien pide límites.
En 2021, el Ayuntamiento de Mula (Murcia), donde se sitúa una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa, aprobó una declaración en la que rechazaba “el modelo especulativo basado en la masificación de enormes macroproyectos que ocupan grandes superficies y tienen un gran impacto paisajístico”, y pedía regulación “para evitar una burbuja sobre la energía solar” en el municipio.
Ahora, Endesa quiere construir otra planta solar en una de sus pedanías y el consistorio se ha mostrado en contra pese que a que ya tiene la autorización del Ministerio de Transición Ecológica.
Desde Ecologistas en Acción llaman a cuestionar “cuántas renovables” se necesitan en España.
“No creemos que España pueda convertirse en un gran nodo de exportación de energía hacia Europa u otros lados, ni que sea realista que nuestra demanda eléctrica siga creciendo sin tener ningún límite”, defiende Andaluz.
La potencia instalada de renovables en España creció un 8,7 % en 2024 y representa más del 65 % de la capacidad total, según datos de Red Eléctrica.
