Madrid, 18 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas de llegada como Canarias y Ceuta cuando su ocupación llegue al 300 % de su capacidad.
Lo ha hecho después de cerrar un acuerdo con Junts la noche del pasado lunes que garantiza el apoyo de esta formación para su convalidación en el Congreso, que se espera para la primera quincena de abril, y significará el traslado de 4.000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta en este primer año al resto de autonomías.
El texto aprobado modifica el artículo 35 de la ley de extranjería con cuatro puntos añadidos, que establecen lo siguiente:
Los datos: Las comunidades darán sus cifras de acogida antes del 31 de marzo
El primer paso para ejecutar la reubicación de menores es saber cuántos jóvenes acoge cada comunidad autónoma y para ello el Gobierno pedirá a las autonomías que lo certifiquen antes del 31 de marzo.
Si las comunidades no facilitaran sus datos, el Gobierno emplearía registros propios para seguir adelante con el procedimiento.
Contingencia migratoria a partir del triple de la ocupación
El real decreto ley protege en todo caso la autonomía de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para modificar, por unanimidad, cualquier aspecto del real decreto ley.
Si no se acuerda otro criterio diferente, el texto establece que cuando una comunidad autónoma alcance el triple de su ocupación estructural para atender a los menores, podrá declarar que está en situación de contigencia migratoria y así se lo trasladará al Gobierno, que activará los mecanismos de reparto.
Para calcular la capacidad ordinaria de acogida de una comunidad, se sumarán los datos de menores de todas las comunidades y se dividirá la población del conjunto del país por ese número.
Después, se dividirá la población de la comunidad autónoma por ese último número y el resultado es lo que se considerará la capacidad ordinaria de cada autonomía
El reparto: los cálculos están aún por hacer
El real decreto ley dicta los criterios según los cuales el Estado determinará la nueva ubicación de los niños, de acuerdo a unos criterios objetivos, que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022 por las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial.
En concreto, y siempre si la Conferencia Sectorial no aprueba otra cosa por unanimidad, se tendrá en cuenta estos factores, con esta ponderación: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión ((2%).
El Gobierno ha dicho no tener aún cifras de cuántos niños y adolescentes tendrá que acoger cada comunidad al no disponer de los datos actualizados de las autonomías, pero Junts ha adelantado que, según el acuerdo alcanzado, Cataluña recibirá entre 20 y 30 y Madrid acogerá a más de 700.
Según la última estimación del Gobierno, del pasado mes de octubre en base a criterios de población y esfuerzo de acogida, la Comunidad de Madrid y Andalucía tenían déficit de 1.145 y 839 plazas, respectivamente, para la acogida de menores en general, no solo migrantes, y la Comunidad Valenciana debería crear 764 nuevas plazas.
La ley contemplará los traslados de los 4.400 menores que están hoy en Canarias y Ceuta en el plazo de un año y, para aquellas zonas que se declaren tensionadas en función de este nuevo marco, que los nuevos menores que lleguen a estos territorios se puedan trasladar en 15 días.
La financiación: 100 millones de euros para 2025
Uno de los elementos más importantes para las comunidades es el de la financiación y, a este respecto, el Gobierno ha asegurado que “se garantiza la suficiencia financiera” a través de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará un crédito extraordinario de 100 millones de euros para este año.
El Ejecutivo no ha precisado qué cubrirá exactamente esta partida aunque sí ha detallado que la cuantía variará de un año para otro en función de las circunstancias.
La oposición de las comunidades del PP
El escollo para llevar a cabo todo este mecanismo es la oposición de las comunidades autónomas del PP mostrado hasta ahora, alegando falta de transparencia por parte del Gobierno a la hora de diseñarlo o aludiendo a su incapacidad para acoger a más menores por tener sus recursos también saturados.
Ayer mismo, el presidente de la Generalitat Valenciana aseguró que la comunidad “no admitirá más repartos de inmigración ilegal” tras un acuerdo con Vox para sacar adelante sus presupuestos y el PP ha señalado este mismo martes que sus comunidades no admitirán a más menores si no lo financia el Estado.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha avisado que recurrirá en los tribunales y en la UE el texto.
Fuentes del Gobierno han precisado que no contemplan sanciones en el caso que las autonomías realmente se nieguen a cumplir la ley, pero han señalado que trabajarán para hacer entender al PP que se trata de un asunto de Estado.
Una reivindicación histórica ante un modelo fracasado
Lo aprobado hoy por el Gobierno responde a una reivindicación histórica de las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago, ya que, según el marco actual, estos quedan bajo tutela del territorio al que llegan.
Después de un 2024 de récords de llegadas por la ruta canaria, el archipiélago tutela a 5.800 menores y, desde hace más de un año, el Gobierno de las islas y el central han trabajado para sacar adelante la iniciativa.
PSOE, Sumar y Coalición Canaria la llevaron al Congreso en julio del año pasado, pero esta no superó su toma en consideración por la falta de apoyo de Junts, Vox y el PP. EFE
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