La Paz, 28 ago (EFE).- La Justicia de Bolivia retiró este jueves la medida cautelar de prisión preventiva en el caso llamado ‘Decretazo’ al gobernador opositor Luis Fernando Camacho, y además le quitó la detención domiciliaria en otro proceso judicial por la supuesta compra irregular de un carro de bomberos en la región de Santa Cruz (este).
Con estas decisiones ya son cuatro casos en los que se le retiran las medidas cautelares impuestas a Camacho, gobernador de la región de Santa Cruz: además del ‘Decretazo’ y el caso del carro bombero, también se le levantaron las del proceso denominado ‘golpe de Estado I’ y las de otro proceso por liderar 36 días de huelga en 2022.
Camacho está suspendido de su cargo debido a los varios procesos que lo mantienen en prisión.
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz otorgó esta jornada, en una audiencia virtual, la «libertad irrestricta» al gobernador de Santa Cruz dentro de la investigación nombrada ‘Decretazo’.
Este caso se originó por la emisión de un decreto departamental que designaba a un secretario como autoridad interina en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, lo que derivó en una investigación penal.
Posteriormente, también este jueves, el juez Hebert Zeballos de la jurisdicción de Santa Cruz, en otra audiencia virtual, ordenó que se expida «el mandamiento de libertad de manera inmediata» a favor de Camacho sin la necesidad del pago de la fianza, que podrá ser pagada «en el plazo de 10 días», de 50.000 bolivianos (7.238 dólares).
El juez indicó que el gobernador suspendido solamente tiene el impedimento de viajar al extranjero por un arraigo vigente, pero que «podrá desplazarse por todo el territorio nacional».
Martín Camacho, abogado del gobernador, declaró a la red de televisión Unitel que se espera que se emita el último de los cuatro mandamientos de libertad a su favor para que «al finalizar la tarde del viernes» Camacho regrese a Santa Cruz, ya que actualmente está en la cárcel de Chonchocoro en la región de La Paz.
La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenó a los tribunales departamentales «revisar» los plazos de las medidas cautelares en los procesos judiciales de los tres líderes opositores, Luis Fernando Camacho, el exlíder ciudadano de Potosí Marco Pumari y la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020).
El pasado martes la Justicia retiró la prisión preventiva de Camacho y Pumari por el caso ‘Golpe de estado I’ a raíz de su rol en la crisis política de 2019 en el país que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). El tribunal otorgó arresto domiciliario al primero y «libertad pura y simple» para el segundo.
Y en la víspera se retiró la medida cautelar a favor de Camacho, en un caso en el que fue encarcelado por haber impulsado un paro de 36 días en Santa Cruz, en rechazo al aplazamiento del censo de población y vivienda, en 2022.
El Gobierno de Luis Arce apeló las recientes decisiones judiciales en favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez y los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, informó este miércoles la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
En una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, Saravia explicó que «el Estado lo que ha hecho es accionar, conforme lo establece la ley, a través de apelaciones» a las decisiones judiciales por las que Camacho y Pumari podrían defenderse en libertad y Áñez pasará de ser juzgada en un proceso ordinario a un juicio de responsabilidades.
