La Paz, 26 ago (EFE).- Un tribunal de Bolivia dispuso este martes levantar la medida de prisión preventiva a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, encarcelados por su rol en la crisis política de 2019 en el país, y otorgó arresto domiciliario al primero y «libertad pura y simple» para el segundo.
El abogado Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, informó a los medios que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso esa medida para el exlíder cívico de la región andina de Potosí, lo que supone que el opositor, encarcelado desde 2021, podría salir de prisión este miércoles.
En tanto que a Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, le otorgaron «la detención domiciliaria», si bien el político tiene otros procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días.
Gutiérrez confió en que el miércoles se emita el mandamiento de libertad para Pumari, quien deberá retornar a Potosí para cumplir con los trámites para dejar la prisión.
El abogado defensor de Camacho, Martín Camacho, precisó a los medios que el gobernador «es libre» dentro del llamado caso ‘golpe de Estado I’, por el que fue encarcelado a finales de 2022.
El jurista precisó que este miércoles el opositor afrontará otra audiencia, aunque virtual, para revisar su situación jurídica en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022 para reclamar que se realice oportunamente el censo de población y vivienda.
También destacó «la fortaleza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)» y su presidente, Romer Saucedo, quien el pasado viernes instruyó que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
«Creemos que por fin se ha recuperado la Justicia, la independencia y la imparcialidad del poder Judicial en el país», agregó el abogado.
Camacho tendrá detención domiciliaria con salidas laborales y «arraigo», lo que supone que no puede salir de su región, deberá pagar una fianza de 100.000 bolivianos (unos 14.300 dólares o 12.284 euros) y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, precisó por su parte el TSJ en un comunicado.
El caso ‘golpe de Estado I’ se inició por una denuncia de una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, posteriormente anulados.
El juicio por este caso avanzó en los últimos meses con Camacho y Pumari como principales acusados por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Jeanine Áñez estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada en 2022 por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
Dentro de ese proceso, la exmandataria fue condenada a 10 años de cárcel acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, una sentencia ratificada en 2023 por el TSJ, que entonces estaba liderado por otros magistrados.
En la víspera, un tribunal de La Paz anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
