Manila, 13 jun (EFE).- El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) ser puesto en libertad provisional mientras espera a ser juzgado por crímenes contra la humanidad, supuestamente cometidos en el marco de su guerra contra las drogas, citando su edad avanzada entre otras razones.
La petición fue presentada este jueves ante el tribunal y señala que un país, que no ha sido identificado públicamente, «ha expresado a la Defensa su acuerdo previo y de principio de recibir al Sr. Duterte en su territorio durante el período de su libertad provisional».
La defensa afirmó que Duterte no se dará a la fuga una vez puesto en libertad en el país anfitrión, situado «mucho más allá del ámbito geográfico de los presuntos delitos».
Entre las razones esgrimidas por el principal abogado del exmandatario, Nicholas Kaufman, para justificar su puesta en libertad figura su avanzada edad, 80 años, lo que calificó de una «razón humanitaria de peso».
Kaufman añadió que el exmandatario ya no posee la misma «influencia o poder» que tenía durante su presidencia, entre 2016 y 2022, cuando puso en marcha a nivel nacional una guerra contra las drogas durante la que llamó pública y repetidamente a matar a usuarios y vendedores de estupefacientes.
Sin embargo, en las elecciones a mitad de mandato del pasado mayo, el exmandatario se hizo con la alcaldía de su bastión sureño de Davao. Una ciudad que gobernó durante décadas y donde se le acusa de haber puesto en marcha a nivel local la guerra contra las drogas que luego exportó a nivel nacional, así como de dirigir el llamado Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS).
Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte, según las cifras de la Policía, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.
La CPI acusa al expresidente del crimen de lesa humanidad de asesinato entre 2011, cuando Filipinas pasó a ser miembro del tribunal y Duterte ponía en marcha su guerra contra las drogas a escala local como alcalde de su bastión sureño de Davao, y 2019, cuando el entonces mandatario sacó al país asiático del Estatuto de Roma.
El tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI, por lo que ordenó la detención de Duterte el pasado marzo. El inicio oficial del juicio está previsto para el próximo 23 de septiembre. EFE
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