Kigali, 5 may (EFE).- Ruanda está en conversaciones con Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir en el país africano a migrantes deportados por el Gobierno del presidente Donald Trump, informó el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe, después de la cancelación el pasado año del plan migratorio acordado con el Reino Unido.
“Actualmente, estamos en conversaciones con los Estados Unidos. Como saben, ya mantuvimos conversaciones en el pasado con el Reino Unido, así que esto no es nuevo para nosotros”, dijo Nduhungirehe en una entrevista con la televisión pública ruandesa a última hora del domingo.
“Este es nuestro espíritu: ofrecer oportunidades a los refugiados que se enfrentan a problemas en todo el mundo”, afirmó el ministro, al puntualizar que las conversaciones con Washington todavía se encuentran en un estado inicial y “es demasiado pronto para decir cómo irá”.
Nduhungirehe hizo esta revelación después de que la agencia de noticias Reuters reportara que Washington deportó a Ruanda el pasado abril a Omar Abdulsattar Ameen, un refugiado iraquí reasentado en EE.UU. y que había estado intentado extraditar tras acusaciones del Gobierno iraquí de que colaboraba con el Estado Islámico.
Las conversaciones con el Gobierno estadounidense se producen tras la cancelación en 2024 del plan migratorio fallido que preveía el envío al país africano de los migrantes llegados de manera irregular al Reino Unido, descartado por el Gobierno laborista de Londres tras la victoria del primer ministro británico, Keir Starmer, en las elecciones generales del pasado julio.
El controvertido ‘plan Ruanda’ fue lanzado inicialmente en abril de 2020 por Boris Johnson cuando estaba al frente del Ejecutivo británico y fue convertido después por Rishi Sunak en uno de los ejes de su programa.
El plan buscaba enviar a Ruanda a los migrantes que llegaran de manera irregular al territorio británico a través del Canal de la Mancha, sin posibilidad de retorno.
Sin embargo, se enfrentó a varios recursos legales y, el 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido lo consideró ilegal al considerar que existía un riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda pudieran estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.
El plan tuvo un elevado coste para Londres, ya que el Ejecutivo británico abonó al país africano una partida inicial de 240 millones de libras (unos 290 millones de euros) por acoger a los deportados.
Aunque el plan fue finalmente anulado, Ruanda se negó a devolver la cantidad al argumentar que fue el Reino Unido quien puso fin al acuerdo y que esos fondos ya habían sido empleados para preparar la acogida de migrantes.
Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) habían criticado el proyecto al denunciar que “socavaba” el Estado de derecho y violaba los derechos de las personas refugiadas.
