Santiago de Compostela, 11 jun (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en defender la presunción de inocencia en la denuncia por agresión sexual que llevó a la dimisión del exconselleiro do Mar Alfonso Villares y ha eludido dar más explicaciones, ante una oposición que lo ve indigno de su cargo.
En la sesión de control al Gobierno del Parlamento este miércoles, Rueda ha acusado, a su vez, a la oposición de «utilización partidista descarada» de este caso y «falta de respeto a las víctimas de violencia machista», así como «a la presunción de inocencia» por su «sectarismo».
Rueda, que ha hablado por primera de esta asunto en sede parlamentaria, se ha limitado a reiterar los argumentos que esgrimió estos últimos días, en distintas declaraciones, para defender la actuación de la Xunta, como el hecho de que Villares dimitió «en horas» tras conocer su imputación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y renunció así a su condición de aforado.
Sin embargo, no ha respondido ni cuando la líder del BNG, Ana Pontón, le ha acusado de «encubrir durante meses a un presunto agresor sexual» -Rueda reconoció que sabía de la denuncia contra Villares desde febrero-, ni cuando tanto ella como el dirigente del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han apuntado al Gobierno autonómico por filtrar el nombre de la denunciante.
Pontón le ha preguntado hasta tres veces a Rueda si cree que después de tal «indignidad moral y política» está capacitado para seguir como presidente de la Xunta y ha concluido que «su actitud gravísima hace que sea indigno del cargo que ocupa».
También Besteiro ha opinado que Rueda «no es un presidente digno» por su «silencio ciego» sobre esta asunto, y «produce vergüenza en todo el país», además de «ser un problema para Galicia».
Rueda ha replicado atacando, al reprochar que no tengan la misma actitud crítica con el Gobierno central y no digan «ni una palabra de los Koldos, las Jessicas, los Aldamas y los Cerdanes», e incluso ha recordado que Besteiro fue «poliimputado» en 2015 por «diez delitos graves» -como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias -, aunque todas estas causas fueron archivadas.
