Moscú, 1 jul (EFE).- La purga contra generales y funcionarios rusos corruptos se está cobrando las primeras víctimas con una ola de condenas contra militares y altos cargos de patrimonio multimillonario, mientras el frente ucraniano sigue desabastecido más de tres años después del inicio de la guerra.
«Las cifras dicen que en los próximos años este tipo de acciones (detenciones) aumentarán, aunque sea por el creciente esfuerzo por parte de las fuerzas del orden y no por el aumento de la corrupción», aseguró el fiscal general Ígor Krasnov a finales del pasado año durante el día nacional de la lucha contra la corrupción.
Según el funcionario ruso, sólo en 2024 se tomaron medidas contra 30.000 funcionarios por casos de corrupción y en los últimos años se confiscaron propiedades por valor de más de 760.000 millones de rublos (casi 9.700 millones de dólares).
Persecución contra el generalato
Con la reelección del presidente ruso, Vladímir Putin, esta operación anticorrupción tomó especial fuerza contra el Ministerio de Defensa, purga que le costó hace un año el puesto a su titular, Serguéi Shoigú, quien fue relegado al Consejo de Seguridad.
Estas investigaciones las realiza el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), un órgano extrajudicial dependiente directamente del Kremlin cuyo director es Alexandr Bastrikin, que inspeccionó a funcionarios, empresarios y directivos de empresas estatales cuyas prácticas al margen de la ley ponían en peligro la marcha de la guerra.
Entre las detenciones relacionadas con el mando militar, fue especialmente llamativa la de Timur Ivanov, mano derecha de Shoigú y que fue detenido en abril de 2024, operativo que dio el pistoletazo de salida a la campaña.
Ivanov, exviceministro de Defensa (2016-2024), fue este martes condenado a 13 años de prisión por estar envuelto en dos casos de corrupción, uno de ellos por apropiación indebida de capital a través de contratos públicos cuyo monto ascendía a los 4.000 millones de rublos (cerca de 50 millones de dólares).
Otro caso conocido fue el del general Pável Popov, también exviceministro de Defensa (2013-2024), quien se apropió de 40 millones de rublos (casi medio millón de dólares) destinados a la gestión del centro de congresos del Parque Patriota de Moscú durante el transcurso de la guerra.
No todos son iguales ante la ley
Según la politóloga rusa, Ekaterina Schulman, los medios hacen hincapié no tanto en la corrupción como mal endémico, como en los casos más sonados de lucha contra esa lacra.
Tal y como explica, esto genera disparidad en las condenas al no tratarse como un problema que afecta a todo el Estado en general, sino a casos aislados que incluso a veces tan sólo llevan a una depuración de cara a la galería degradando a los acusados a desempeñar otros cargos sin funciones ejecutivas o tan sólo representativos.
La mayoría de los casos que se hacen públicos se refieren a períodos que no corresponden con los años de la guerra para evitar directas responsabilidades sobre la figura del comandante supremo del Ejército, rango que actualmente ostenta Putin.
Por su parte, la propia Fiscalía General propuso reducir los controles de hacienda para los funcionarios, «ya que la mayoría de estos trabajadores no tienen sobresueldos», aseguró Krasnov.
Alto funcionariado
Además de los generales, también fue sonado el caso en el que en 2023 fueron detenidos más de veinte funcionarios de diferentes niveles por apropiación indebida.
Entre ellos se encontraban antiguos empleados de la Administración Presidencial, como Serguéi Kovaliov y Nikolái Mirónov, quienes se apropiaron de 14 apartamentos y 120 oficinas ubicadas en Moscú, a quienes finalmente se les ordenó el embargo de bienes por valor de 1.500 millones de rublos (cerca de 20 millones de dólares).
Además, se destaparon casos dentro del gobierno federal que afectaron a la dirección del Servicio Federal de Aduanas y a los Ministerio de Energía y Recursos Naturales, entre muchos otros.
Cada vez se vuelven más comunes los casos de este tipo a nivel regional, donde los distintos gobernadores actuaban libremente en sus feudos sin informar al centro sobre su gestión del presupuesto.
También ocurre con las empresas, como en el reciente caso de la Corporación para el Desarrollo de Kursk, que suministro a través de contactos públicos equipos de mala calidad para la defensa de la región en plena incursión del Ejército ucraniano.
