Nueva York, 23 ago (EFE).- El salvadoreño Kilmar Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí «por error» y fue traído de regreso a EE.UU., afirma que la Administración de Donald Trump utilizó la amenaza de deportación a Uganda para obligarlo a declararse culpable.
Los abogados de Abrego declararon en un documento judicial presentado este sábado que el Departamento de Justicia de EE.UU. lo está presionando para que acepte declararse culpable de dos delitos graves (tráfico de personas y un proceso de deportación) prometiéndole deportarlo a Costa Rica, donde quedaría libre de prisión, una vez que cumpla cualquier condena penal.
«Junto con esa propuesta, el Gobierno presentó una carta al abogado de Abrego confirmando que podría vivir libremente en ese país, que lo aceptaría como refugiado o le otorgaría la residencia, y prometiéndole no devolverlo a El Salvador», indicaron los abogados del salvadoreño en el documento.
Pero después de que Abrego se resistiera a la propuesta, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron a sus abogados que habían decidido deportarlo a Uganda.
«Solo cabe una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas», escribió el abogado de Abrego, Sean Hecker, en el documento.
Ayer el salvadoreño fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, reaccionó ayer a la liberación refiriéndose a Abrego nuevamente como «un monstruo» y al afirmar que su liberación es una muestra de «desprecio» por parte del juez a la «seguridad de los ciudadanos americanos».
El Gobierno ugandés anunció a principios de esta semana que había llegado a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.
