San Salvador, 15 sep (EFE).- Unos 300 salvadoreños exigieron este lunes libertad para personas «inocentes» detenidas en el marco de un régimen de excepción en El Salvador, para activistas y pidieron «un alto» a retrocesos en derechos humanos ante, según lo que expresaron, «violaciones masivas a derechos» por parte del Estado.
Los salvadoreños aprovecharon el día festivo, por la conmemoración y celebración de los 204 años de independencia del país, para marchar y demandar al Gobierno del presidente Nayib Bukele medidas económicas, sociales y de seguridad que «no atenten contra la democracia y contra los derechos humanos de los ciudadanos».
«¿Cómo podemos hablar de una independencia? Cuando estamos bajo un régimen de excepción que reprime, encarcela y mantiene a todo un pueblo en zozobra (…) no podemos hablar de una verdadera independencia, cuando la independencia que nos han vendido es ilusión, porque mientras estemos en un régimen de excepción no podemos hablar de una verdadera independencia», declaró a EFE la activista Sonia Urrutia.
La activista señaló que también, en la actualidad, «hay un miedo en el pueblo de salir a manifestarse por la represión que ejerce el Estado para callar las voces».
Exigimos, expresó Urrutia, la libertad inmediata de los defensores de derechos humanos detenidos, como la abogada Ruth López arrestada en pasado mayo por el cargo de peculado.
Asimismo, pidieron la liberación del defensor de derechos ambientales Alejandro Henríquez, del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y del activista Fidel Zavala.
La marcha, organizada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía y en la que también participaron familiares de personas detenidas organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), se movilizó por la principales calles de la capital y concluyó en la histórica Plaza Capital Gerardo Barrio sin inconvenientes.
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló recientemente que, con el inicio del segundo mandato presidencial de Bukele, «El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil».
Además, señaló, en abril pasado, que el prolongado régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, continúa «erosionando» la libertad de expresión y preocupa a mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. (foto)(video)
