San Salvador, 5 jun (EFE).- Alrededor de 500 salvadoreños exigieron este jueves la derogación de la Ley General de Minería Metálica, promovida por el presidente Nayib Bukele y que permite la exploración y explotación de esta práctica en el país centroamericano, con la entrega de una propuesta ante la Asamblea Legislativa y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Los salvadoreños -miembros de diferentes iglesias, organizaciones civiles y ambientalistas y habitantes de zonas rurales- llevaron a cabo una camita ecológica que partió desde el parque Cuscatlán en San Salvador y se movilizó hasta la sede del Congreso.
En la sede del legislativo, los caminantes fueron recibidos por el diputado opositor Francisco Lira, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien acompañó la propuesta presentada.
Los participantes en la caminata ecológica llamaron a los diputados de la Asamblea Legislativa a que acompañen y voten por la propuesta para que «se derogue la minería metálica y con ello se reivindiquen ante este afligido pueblo que todo lo que busca es defender el agua y la vida».
«Elevamos la voz en defensa del agua, la vida y de nuestra casa común en un mundo donde el agua se convierte cada vez más en un recurso amenazado y en el caso nuestro por la minería metálica», señalaron en un comunicado los promotores de la iniciativa en el que también indicaron que «que este día no sea solo un recordatorio, sino un punto de partida para la acción, la organización y la defensa activa de nuestros bienes».
La activista salvadoreña Lila Alvarenga consideró que la práctica minera «ataca directamente a la vida, a la naturaleza, al medio ambiente y a todas las personas» e indicó que El Salvador «es un país muy pequeño donde no es viable que se dé la explotación de minas».
«Consideramos que en lugar que sean proyectos para proteger la vida de los seres humanos, (la ley de minería promovida por el Ejecutivo) es un proyecto de muerte», agregó Alvarenga.
La propuesta de derogación de ley se suma a otra presentada por la Iglesia católica que fue acompañada por 150.000 firmas de ciudadanos que rechazan la explotación minera en El Salvador.
Además, integrantes de la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) habían entregaron al Congreso en mayo pasado más de 7.000 firmas de ciudadanos de 11 departamentos de El Salvador que también rechazan la minería.
En diciembre pasado, el Congreso salvadoreño, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó una nueva ley que permita dicha explotación.
El presidente Bukele aseguró a principios de diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por km2 en el mundo”, sin citar investigaciones o documentos concretos que sustenten su afirmación.
Por su parte, ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario, tampoco, hasta el momento, se ha dado a conocer si ya existe algún tipo de actividad minera en el país.
Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
Respeto a los defensores
Al aprovechar el contexto, el religioso Edison Zamora pidió que se respete a los defensores de derechos ambientales y aseguró que «parecería que proteger la vida y alzar la voz en un delito, cuando lo que se está protegiendo son los derechos humanos, el derecho a la tierra, a la vida, al agua».
«Pedimos que se respeten a todos aquellos hermanos que defienden la casa común. No es un delito proteger la vida, no es un delito alzar la voz contra todo aquello que genera muerte y destrucción», dijo Zamora en declaraciones a EFE.
