Ana Báez
Ciudad de México, 22 sep (EFE).- Tras más de diez cirugías, dos trasplantes y la dependencia vital a una máquina de diálisis, la mexicana Samara Martínez, quien padece de una enfermedad renal en etapa terminal agravada por un lupus eritematoso sistémico, decidió hace un año retomar la lucha por “la muerte digna” en México, mediante la ‘Ley Trasciende’, una iniciativa que busca legalizar la eutanasia en el país.
“La muerte digna no es un tema que deba debatirse, ya hemos tenido muchos años de debate. Es un asunto sobre el que debe tomarse una decisión”, afirma a EFE la paciente de 30 años, en respuesta a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de que la eutanasia debe ser puesta a “debate” porque hay personas “que están y no de acuerdo”.
Con más de 73.500 firmas reunidas en la plataforma Change.org y con la meta de alcanzar las cien mil, la ‘Ley Trasciende’ será presentada por la activista “a mediados de octubre”, no para “ver si hay debate”, sino para que se tome una decisión sobre este asunto que “involucra vidas humanas”, durante el actual periodo legislativo del Congreso mexicano, que concluirá antes de que comience 2026.
A partir de compartir en redes sociales su experiencia con enfermedades diagnosticadas desde los 16 años, la mexicana ha buscado reabrir esta “ventana de diálogo”, especialmente porque considera que “históricamente la eutanasia se ha abordado entre los políticos, pero nunca desde la perspectiva del paciente”.
“¿Cómo planean jugar al ajedrez sin la pieza principal?”, cuestiona Martínez, quien llama a las autoridades a anteponer “la dignidad humana” por encima de cualquier “estigma o dogma religioso”, sobre todo porque “México es un Estado laico”.
Según el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, en México la eutanasia activa está tipificada como “homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”, un precepto al que Martínez se opone y plantea reformar, pues le parece irónico “criminalizar la compasión”.
Veinte de los 32 estados del país cuentan con leyes de voluntad anticipada -también llamada eutanasia pasiva- que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos en momentos críticos.
No obstante, Martínez defiende la eutanasia activa, y aclara que la ‘Ley Trasciende’ no está dirigida a quienes “quieren morir”, sino a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o en etapa terminal que luchan por vivir, pero cuyo “cuerpo muchas veces ya no puede”.
“Es necesario entender que la medicina tiene un límite y que no está mal hablar de la muerte y abrazarla”, sentencia.
Incluso, argumenta que la iniciativa respeta la objeción de conciencia de la comunidad médica, aunque confía en contar con el apoyo del sector, al ser quienes “presencian el dolor del paciente en primera línea”.
La lucha en carne propia
Martínez lucha diariamente conectada a una máquina de diálisis al menos diez horas al día, pero admite que cada recaída, dolor crónico e impacto psicológico a su familia representan un “duelo” que le va quitando partes de sí misma, como cuando su hermano le donó uno de sus riñones y este falló a los cuatro días.
“Aunque no era mi culpa, pensaba que había desperdiciado una parte de mi hermano”, confiesa, consciente de que es “afortunada”, ya que en México “no tenemos garantizada la salud digna” y “muchos esperan décadas por un trasplante o mueren esperándolo”.
La joven, nacida en Guadalajara (oeste), sabe que su caso es uno entre miles, y que dos de cada tres personas con dolor crónico tiene más probabilidad de suicidarse que una sana.
“Por eso sé que quiero irme (morir) respetando mi cuerpo y que quienes me aman no tengan como último recuerdo a una Samara en agonía”, sostiene, al defender la eutanasia como el camino hacia una muerte digna.
Con tristeza, explica que, de no legalizarse la eutanasia, las probabilidades de morir con dolor serían altas, pues la deficiencia renal le provocaría “asfixia por líquidos” o “una intoxicación en la sangre que llegaría hasta el cerebro”.
En México, a nivel federal, se han presentado iniciativas para aprobar una ley de eutanasia activa, pero ninguna ha avanzado al nivel de las que tienen Colombia, Ecuador o Canadá.
