Madrid, 19 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido acelerar la agenda social con una serie de anuncios en las últimas semanas como antesala del proyecto de ley de presupuestos para 2026, cuya negociación y aprobación por el Parlamento asume el Ejecutivo que será difícil.
Sánchez ya avanzó en julio que el Gobierno presentaría el nuevo proyecto de cuentas del Estado aunque aún no hay fecha concreta para ello, y antes debe presentarse la senda de estabilidad previa convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La revisión del cuadro macroeconómico anunciada el martes elevó al 2,7 % la previsión de crecimiento para este año, y eso abre la puerta a presentar un techo de gasto récord para 2026.
Una cifra que fuentes del Gobierno señalan a EFE que, desde la lógica, haría más difícil justificar el rechazo al proyecto presupuestario, principalmente porque evidenciará una clara apuesta por las políticas sociales.
No obstante, asumen que muchos partidos sólo se guiarán por estrategia política sin tener en cuenta el interés general.
La aprobación de unos nuevos presupuestos facilitaría los objetivos del Gobierno, pero en cualquier caso se asegura tanto en Moncloa como en los ministerios más concernidos por esos asuntos que se seguirán dando pasos adelante, y en ese contexto se enmarcan una serie de anuncios que Sánchez ha hecho en los primeros compases del nuevo curso político.
Vivienda y educación
Esta misma semana, en su reunión con los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, adelantó más iniciativas ante el problema de la vivienda, que de forma repetida viene asegurando que es la prioridad de la legislatura.
En concreto, para mejorar el acceso de los jóvenes, anunció una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, así como hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural, y un seguro de impago de rentas.
Unas medidas expuestas el mismo día que el Gobierno envió su propuesta formalizada del Plan Nacional de Vivienda a las comunidades con el compromiso de triplicar el dinero y llegar a los 7.000 millones de euros en los próximos cinco años.
Y el día anterior, en un acto del PSOE en Málaga, informó de que se exigirá a las plataformas de alquiler vacacional eliminar 53.876 pisos turísticos que no cumplen con la legislación para destinarlos al alquiler residencial.
El pasado miércoles, tras visitar una escuela municipal infantil en la localidad madrileña de Getafe, concretó que el próximo curso se pondrán en marcha los programas que en la última Conferencia de Presidentes se comprometió a impulsar por importe de 175 millones de euros para la gratuidad total de la educación de niños de 0 a 3 años de familias por debajo del umbral de la pobreza.
A ello sumó el anuncio de una ley que mejorará las condiciones de los docentes obligando a rebajar sus horas lectivas y la ratio maestro/alumno.
Retratarse con los presupuestos
El Gobierno subraya que todo ello forma parte de la hoja de ruta progresista que va a seguir goteando medidas sociales y de mejora de las condiciones de los trabajadores, donde enmarca igualmente la aprobación esta semana de la aplicación de coeficientes reductores para adelantar la jubilación de los bomberos forestales.
Lamenta sin embargo que la semana pasada no prosperara en el Congreso la reducción de la jornada laboral, aunque considera que ese debate sirvió para que los partidos se retrataran ante los ciudadanos.
Es lo que recalcan que pasará también con los presupuestos, que permitirá ver la posición de cada uno y que tendrá un momento clave al votar las enmiendas a la totalidad.
La imprevisibilidad de Junts y la posición cada vez más crítica de Podemos son algunos de los elementos que hacen asumir al Ejecutivo la dificultad de que la negociación culmine con éxito.
Pendiente hay otra negociación, la de la quita de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno este mes y a la que se oponen las comunidades gobernadas por el PP entre reproches socialistas por considerar que, con ello, renuncian a un dinero que podrían destinar a mejorar los servicios públicos.
«Brújula» socialdemócrata
Del capítulo de anuncios de Sánchez forma parte igualmente el ofrecimiento de un pacto de Estado ante la emergencia climática, y una inversión de casi 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles hasta 2031.
Pero también medidas adicionales a las adoptadas hasta ahora contra Israel por el «genocidio» en Gaza y que incluye un real decreto ley, que aún está redactándose, para consolidar el embargo de armas a este país.
La situación en la Franja y cómo actuar ante Israel seguirá siendo una constante en sus citas internacionales previstas, entre ellas su participación la próxima semana en los eventos en Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.
Si se confirman las previsiones, Francia y Reino Unido anunciarán allí el reconocimiento de Palestina como Estado, lo que ha llevado a Sánchez a recalcar que, ante las críticas de la oposición de que España estaba sola cuando dio ese paso, lo que sucedió en realidad es que fue la primera.
Una posición que, sumada a los avances en el Estado del bienestar, cree que permite a España acumular méritos para convertirse, como dijo el lunes ante los parlamentarios socialistas, en la «brújula» de la socialdemocracia europea.
