Sánchez anuncia 175 millones de euros en educación infantil para familias con rentas bajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración en el marco de la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona. EFE/Alejandro García

Barcelona, 6 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo programa dotado con 175 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus para garantizar el acceso a la educación infantil gratuita del alumnado de familias con rentas bajas.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención inicial en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, que tiene como uno de los puntos de su orden del día la educación y la formación profesional.

Además, según han informado fuentes del Gobierno, ha propuesto a los líderes autonómicos crear de forma conjunta un modelo integrado de autorización y supervisión de los centros privados de formación profesional.

A su juicio, ha llegado la hora de que se ponga orden y control en estos centros, que ha dicho que están proliferando en toda España.

Aunque ha destacado la calidad de muchos de ellos, ha advertido de que hay otros que no cumplen los estándares necesarios y son un problema para las familias, los estudiantes y las empresas que apuestan por ellos.

Sánchez ha recordado igualmente que, a partir de septiembre, empezará a impartirse en los centros educativos de toda España un curso especial de formación ante emergencias de protección civil.

Respecto al problema de la vivienda ha vuelto a defender cara a cara ante los presidentes autonómicos las propuestas que ya les planteó por carta esta misma semana ante la celebración de la Conferencia de Barcelona.

Así, ha llamado a un Acuerdo Estatal que triplique la inversión pública en vivienda hasta llegar a casi 7.000 millones de euros, de los que 4.000 aportaría el Gobierno y el resto las comunidades.

También plantea blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales y crear una base de datos pública que permita a los ciudadanos y a las administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler.