Madrid, 9 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción, elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del que formarán parte quince medidas, entre ellas la creación de una agencia de integridad pública independiente.
Sánchez ha anunciado este plan en su comparecencia ante el pleno del Congreso en el que analiza la situación provocada por el caso Koldo y la crisis en el PSOE y propone medidas para evitar nuevos casos de corrupción.
Este plan se ha preparado durante el último mes, y aparte de trabajar con la OCDE, incorpora algunas de las propuestas que han ido planteando diversos grupos parlamentarios, como la relativa a la agencia de integridad pública planteada por Sumar.
Según ha explicado, el objetivo es situar a España a la vanguardia de la lucha contra la corrupción.
El plan está dividido en cinco ejes, que el presidente ha detallado en el pleno, y que va desde fortalecer los controles para prevenir y perseguir la corrupción, introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público de modo que permita automatizar, optimizar y detectar «patrones anómalos o indicios de fraude».
Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios para altos cargos. También se obligará a las formaciones políticas y las fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorías externas independientes, profundizando «en la transparencia de las donaciones también de financiación privada» y reduciendo el umbral de la obligatoriedad de publicación de donaciones a 2.500 euros.
El segundo eje de medidas está centrado en proteger a los denunciantes de casos de corrupción, con el que se exigirá a las empresas a tener canales internos de denuncia.
En el tercer eje hay tres medidas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción. Para ello se propone la creación de secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados.
El cuarto eje se centra en la recuperación de los bienes robados mediante corrupción, «porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción» según el presidente, sino que «también hay que reparar el daño causado del volver a lo público, lo que es de todos».
Con ese objetivo, el Gobierno aumentará los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y gestión de activos y optimizará la coordinación con juzgados, fiscalías y la Fiscalía Europea.
El quinto eje es «el más complejo», según ha reconocido Sánchez, y tratará de generar «una verdadera cultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas de nuestro país» con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción o campañas de concienciación ciudadana.
