Madrid, 4 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ha hecho entrega de la memoria anual de la fiscalía, en plena polémica por la presencia del fiscal en el acto de apertura del Año Judicial que se celebra el viernes en el Tribunal Supremo.
Fuentes de Moncloa han informado de que el encuentro, que estaba previsto para esta tarde, se ha producido en torno a las 12.30 de la mañana después de que el viaje que el mandatario tenía a París fuera cancelado por una avería en el avión oficial.
El objetivo de la reunión ha sido la entrega del fiscal a Sánchez de la memoria anual de la fiscalía general del Estado, que ya se la entregó el miércoles al rey Felipe VI.
El encuentro se ha adelantado después de que el avión oficial en el que viajaba Sánchez a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania sufriera una avería a mitad de camino que le ha obligado a regresar a Madrid.
El Ejecutivo ha informado de este problema en el avión que impedirá a Sánchez estar presente físicamente este jueves en esa reunión de líderes en apoyo a Ucrania, aunque participará en el encuentro por videoconferencia.
El encuentro entre Sánchez y García Ortiz, del que no ha trascendido más información, se produce la víspera de la tensa apertura del año judicial, con un relevante sector de la judicatura reclamando públicamente a García Ortiz que no asista por estar procesado y con la ausencia, por este motivo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia, un acto en el que todas las miradas estarán puestas en la intervención del fiscal, investigado y procesado por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal.
El acto solemne y protocolario se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede acoger en los próximos meses la previsible vista oral contra García Ortiz.
Está previsto que el fiscal intervenga ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.
