Madrid, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rectificado este jueves a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imponiendo la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí para preservar la coalición con Sumar y la coherencia con el discurso que ha venido exhibiendo el Ejecutivo.
Justo un día después de que el Consejo de Ministros tramitara el martes el plan que permitirá llegar este año a un 2 % del PIB del gasto en Defensa, saltó la polémica por la adjudicación de ese contrato a la empresa israelí IMI Systems para la compra de algo más de 15 millones de balas para la Guardia Civil por importe de 6,6 millones de euros.
Si Sumar, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había mostrado sus objeciones al aumento del gasto en defensa, los partidos que integran esta formación salieron al unísono a criticar el contrato con Israel cuando había un compromiso de no hacerlo y hubo voces que incluso advirtieron de que se ponía en riesgo la coalición.
Aunque desde Moncloa se asegura que en ningún momento ha habido peligro de ruptura, Sánchez ha querido atajar la crisis rectificando a Marlaska, cuyo departamento había defendido seguir adelante con el contrato porque así lo había aconsejado la Abogacía del Estado ya que una rescisión podría conllevar el pago de una indemnización.
Por interés general
Pese a ello, las dos partes del Gobierno han hecho público casi a la vez la decisión de rescindir de forma unilateral ese contrato al tiempo que deniega a la empresa adjudicataria el permiso de importación de este material “por razones de interés general”.
Tanto la Abogacía del Estado como los ministerios afectados ya están estudiando la respuesta a posibles reacciones legales y reclamaciones a la rescisión de ese contrato que había sido publicado tan solo horas antes en el Boletín Oficial del Estado.
Ambas partes de la coalición aseguran que están firmemente comprometidos con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio y, por ello, desde el 7 de octubre de 2023, día de los atentados de Hamás en Israel, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes y tampoco lo hará en el futuro.
El propio presidente del Gobierno garantizó ante el pleno del Congreso que desde esa fecha no había contrato alguno con empresas israelíes, y fuentes del Ejecutivo recalcan que con la decisión de este jueves se demuestra la coherencia ante ese compromiso a la vez que se preserva la relación entre los socios.
Díaz se atribuye la decisión
De forma casi inmediata, Yolanda Díaz se ha atribuido lograr la revocación del contrato recalcando que España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes y que el compromiso con los derechos humanos es inamovible.
Ha desvelado además que estuvo negociando personalmente este miércoles con el ministro del Interior y con Presidencia del Gobierno.
Entre las voces más críticas de Sumar estaba Izquierda Unida (su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, llegó a plantear la ruptura), y su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha reivindicado también el papel que han jugado para evitar una “tropelía”.
El ala socialista del Gobierno asegura entender la sensibilidad de Sumar con este asunto y su reacción después de que el martes se aprobara un aumento de gasto en defensa con el que tampoco están de acuerdo.
Otro partido que se opuso frontalmente al contrato fue Podemos, que por boca de su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, se ha mostrado escéptico ante la rescisión y ha pedido que se suspendan todos los contratos en vigor con Israel.
El Gobierno ha garantizado que todos los procesos de compra que haya abiertos con este país en materia de armamento no se van a ejecutar.
Contratos de Interior y Defensa
Interior sí mantiene un contrato por valor de 319.000 euros para chalecos antibalas para la Guardia Civil con la misma empresa israelí con la que el Gobierno ha rescindido el contrato.
Según fuentes del departamento de Marlaska, ese contrato publicado en el BOE el pasado de abril para las placas de los chalecos antibalas, no se considera sujeto al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes ya que se trata de un material de protección.
Mientras, el Ministerio de Defensa ha asegurado a EFE que no compra armamento ni munición a Israel, aunque mantiene dos programas con tecnología de ese país.
Ante la polémica, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, ha pedido tanto a Interior como a Defensa que auditen todos los contratos que mantengan con Israel.
Por su parte, ERC, EH Bildu y BNG han solicitado la comparecencia urgente de Marlaska en el Congreso para explicar la compra de armamento a Israel.
En contra de la rescisión se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al recalcar, aunque la empresa adjudicataria es privada y no pertenece al Gobierno israelí, que los contratos entre “dos Estados democráticos” se deben cumplir.
Feijóo se ha preguntado quién va a pagar la rescisión, ha calificado de “falsa disputa” las críticas entre los socios del Gobierno y ha señalado que dejar sin efecto un contrato “por un problema personal” de Sánchez y por la inestabilidad política que genera “es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea”.
