Madrid, 8 sep (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado la semana con el solemne anuncio de una batería de medidas inmediatas para defender a Gaza ante el «genocidio» de Israel, como la regulación del embargo de armas, un paso que ha desencadenado un choque diplomático que ha ido a más en una frenética jornada.
Las medidas, consensuadas con sus socios de Sumar, no han llegado al extremo de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel reclamada por esta misma formación y otras fuerzas de izquierda como Podemos en respuesta a los ataques sobre Gaza, pero aun así este país ha reaccionado inmediatamente con una dura respuesta de su ministro de Exteriores, Gideon Saar.
No solo ha prohibido la entrada en su país a dos representantes de Sumar en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta y titular de Trabajo Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sino que además ha acusado a España de practicar un «antisemitismo institucionalizado».
Díaz ha afirmado para ella es un «orgullo» que «un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí» y ha ratificado que seguirán luchando «por los derechos del pueblo palestino le guste al señor Netanyahu o no», en tanto que Rego ha denunciado el «señalamiento» contra quienes censuran el «genocidio» en Gaza. Paralelamente, la respuesta de Exteriores se ha intensificado hasta que a primera hora de la tarde el Gobierno ha revelado que llamará a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, un gesto diplomático de protesta que da cuenta del aumento de la tensión en pocas horas. Y todo ello el mismo día en que un atentado en Jerusalén ha acabado con la vida de seis personas, entre ellas el melillense Yaakov Pinto. El ataque ha sido reprobado desde el Gobierno y la oposición, si bien desde el PP la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado las tintas al enfatizar que «los terroristas que hoy mismo han matado a un español en Israel aplauden a Sánchez» porque Hamás había celebrado los anuncios del presidente. Antes, tras las palabras del ministro israelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores había difundido un comunicado para calificar de «inaceptable» el veto israelí a Díaz y Rego, y para rechazar «tajantemente» las «falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles». Además de asegurar que el Gobierno no se dejará «amedrentar» a la hora de defender la paz, Exteriores ha señalado que las medidas de Sánchez «responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional». El siguiente paso ha sido la llamada a consultas de la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón, que el departamento dirigido por José Manuel Albares ha justiciado por «las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno». Tras esta decisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido a esta crisis una vez más, aprovechando un acto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), donde ha vuelto a calificar de genocidio lo que está sucediendo en Gaza y ha advertido que no descarta nuevas decisiones. «Haremos aún más si hace falta, porque es un imperativo moral y una obligación legal», ha garantizado Sánchez la víspera de que el Consejo de ministros apruebe el real decreto anunciado para consolidar el embargo de armas a Israel.