Madrid/Barcelona, 6 jun (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes autonómicos se reúnen este viernes en Barcelona en la XXVIII Conferencia de Presidentes sin que haya expectativa alguna de que puedan llegar a acuerdos, debido al enrarecido y crispado ambiente político.
Si en la última conferencia, la celebrada en diciembre en Santander, no lograron ya acercar posiciones respecto a los asuntos que se debatían, la evolución de los acontecimientos, con duros cruces de acusaciones entre Gobierno y oposición por asuntos como la publicación de los audios de la ya exmilitante socialista Leire Diez, lo hace más difícil todavía.
Hasta el punto de que el PP llegó a barajar un plante de sus presidentes autonómicos si no se incluían en el orden del día de la reunión una serie de cuestiones, pero el Gobierno accedió finalmente que se debatan.
El hecho de que se celebre en Barcelona y con el president, Salvador Illa, de anfitrión, otorga a este encuentro, a juicio del Ejecutivo, un simbolismo especial porque considera que es un hito más en la plena normalización de Cataluña.
Como es habitual antes del inicio de las sesiones, Sánchez, junto a las vicepresidentas y ministros que le acompañan, y los presidentes autonómicos tendrán un desayuno con el rey.
Será a continuación cuando comenzarán las intervenciones, en las que los barones del PP, entre otras peticiones, exigirán al Gobierno derogar la ley de vivienda, prolongar la vida de las nucleares y anular los acuerdos singulares con Cataluña en materia de financiación o migraciones.
Entre los frentes que se prevén está el que ha avanzado ya la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que si alguno de sus homólogos no habla en castellano (por primera vez se permite el uso de las lenguas cooficiales tras solicitarlo Cataluña y País Vasco), se saldrá de la reunión.
Pese a los malos augurios de llegar a acuerdos, Sánchez ha enviado una carta a los presidentes para plantearles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 con medidas concretas como triplicar la inversión pública hasta llegar a casi 7.000 millones de euros, de los que el 60 % los aportaría el Gobierno.
Sin entrar en los detalles de la propuesta, el PP ya ha criticado que recurra a anuncios sobre vivienda cuando «más cercado está por la corrupción» y considera que no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional.
Habrá polémica también por el acuerdo del Gobierno con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular, ya que los populares se oponen (como rechazan también la condonación de la deuda autonómica) y reclamarán abordar ya la reforma del modelo de financiación de forma conjunta.
En el ámbito de migración, los presidentes del PP quieren que en la conferencia se reconozca la competencia exclusiva del Estado en materia de control fronterizo e inmigración, un rechazo claro al acuerdo del Gobierno con Junts para compartir con Cataluña las competencias en la gestión migratoria.
