Montevideo, 22 abr (EFE).- Cuatro miembros de la Armada de Uruguay fueron sancionados por el Ministerio de Defensa de ese país suramericano, tras detectar irregularidades en la compra de dos patrullas oceánicas a la empresa astillera española Cardama en 2023.
Así lo confirmó este martes la ministra uruguaya de la cartera en mención, Sandra Lazo, quien desde que asumió el cargo -el pasado 1 de marzo- inició un proceso de investigación de esta negociación, avaluada en unos 92 millones de dólares (84 millones de euros), que se inició durante el Gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou y que antes del fin de su mandato hizo un segundo pago a la naviera hispana.
“Detectamos que había una falta a la verdad. Tuve una reunión con el entonces comandante (Jorge Wilson), le consultamos al respecto y no se nos mencionó. Al equipo se le informó que la orden de compra no había sido firmada, cuando llamamos a la Armada nos dicen que se había firmado al mediodía”, dijo la ministra en entrevista con la radio local Sarandí.
Pese a que los funcionarios fueron sancionados, Lazo remarcó que el contrato con Cardama “sigue firme” y que existe un relación de “buenos términos” con la empresa.
Además del excomandante Wilson, los funcionarios sancionados son los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva, a quienes se les atribuyen responsabilidades en el proceso de compra y quienes deberán cumplir arresto a rigor.
“Más allá de las desprolijidades que se encontraron, el contrato estaría vigente, en principio lo que puedo anunciar es que seremos celosos de que se cumplan todos los hitos que se deban cumplir”, concluyó Lazo.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa de Uruguay rubricó con Cardama el contrato de compra de los dos buques de patrulla oceánica.
Así lo destacó en esa ocasión el exministro de Defensa Javier García, quien indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, pues en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración a favor de la compra de los navíos, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.
“Le van a permitir cumplir con su función, que no es para beneficio de la Armada. La Armada es la institución del Estado a la que le corresponde legalmente y esencialmente esta tarea para beneficio del país, porque cuidar los recursos naturales es cuidar la riqueza y el trabajo de los uruguayos”, recalcó García, en su momento.
