Madrid, 30 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha trazado este miércoles con las comunidades una hoja de ruta para el estatuto marco con la aspiración de poder llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en otoño porque, de lo contrario, será imposible sacarlo adelante esta legislatura.
Lo han hecho en el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos en el que Sanidad ha dado cuenta a los consejeros del estado de la negociación de la reforma de la ley, reunión que ha arrancado con las críticas de las comunidades del PP ante la falta de financiación de las medidas del borrador.
En palabras del consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el documento carece del beneplácito del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como también de un informe de viabilidad de las medidas, que sean solventes jurídicamente y, sobre todo, que estén respaldadas por un asiento presupuestario.
A lo que la ministra ha respondido que los otros ministerios ya están representados en la mesa del ámbito de negociación junto con los sindicatos y que no se puede dotar la norma puesto que no se ha culminado el texto.
«Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real», ha aclarado García antes de precisar que será cuando llegue al Consejo de Ministros cuando se acompañe de una memoria de impacto económico.
En cualquier caso, como ocurre con toda mejora laboral, esta norma se va a financiar «en gran parte con el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado»; por tanto, no será una dotación finalista y será cada comunidad la que «decida en qué se lo gasta».
La negociación del estatuto marco proseguirá a la vuelta del verano, primero con los sindicatos del ámbito (FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), a los que se ha convocado los días 2 y 5 de septiembre, y después con los técnicos autonómicos, para el 9 y el 10.
Tras lo cual se convocará el Foro Marco del Diálogo Social, integrado por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. Posteriormente, Sanidad lo elevará al Consejo de Ministros pero, dada la duración de los tiempos legislativos, no llevarlo «a lo largo del otoño de este año sería condenarlo a meterlo en un cajón», ha advertido.
García ha asegurado que muchas voces reclaman abandonar la reforma de esta ley porque «es un lío» y ha lamentado «los ataques personales» a ella y al Ministerio «para desincentivar empujar esta ley», además de «los bulos» y «mentiras»; pero, ha advertido de que Sanidad no va a «dejarse amedrentar» ni a «bajar los brazos ni a dejar pasar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios».
Consciente de «las dificultades y los retos», ha anunciado que se va a «dejar la piel» en conseguir un texto que lleva ya casi tres años debatiéndose; a día de hoy, se cuenta con un documento «consensuado en un 95 %» con el ámbito.
Sin embargo, algunas demandas sindicales, como la revisión de las retribuciones o la jubilación anticipada son inviables porque no son competencia de Sanidad y porque un estatuto marco es un marco general que «no habla nunca ni puede hablar nunca» de estas cuestiones.
La reunión ha coincidido con una concentración convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que engloba a una quincena de organizaciones médicas y sindicales, que ha vuelto a reclamar guardias cotizadas, reducción de jornada y una clasificación profesional “justa”, que pasa por tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.
Y también con la comunicación de la segunda jornada de huelga para el próximo 3 de octubre por parte de los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables del paro celebrado el pasado mes de junio en protesta por el rechazo a concederles una regulación especifica, que no comparten ni Sanidad ni las comunidades ni el resto de sindicatos.
También algunas de sus demandas «son inviables porque ponen en jaque a nuestro Sistema Nacional de Salud», como el fin de las guardias obligatorias. «Lo podemos llamar guardia, lo podemos llamar como queramos, pero es atención a la urgencia y eso no puede ser voluntario», ha zanjado.
Con todo, la ministra ha sacado pecho de la reforma del estatuto marco porque contiene mejoras «innumerables», desde la reducción de esas guardias de 24 a 17 horas al fin de la precariedad. «Este texto va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas», ha garantizado.
