Madrid, 25 jun (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha propuesto que las condiciones laborales figuren en el historial clínico de los pacientes por su enorme impacto en la salud mental y se empeñará, junto con el de Trabajo, en que este tipo de trastornos pasen a ser reconocidos como enfermedad profesional.
Así lo plantea en el documento «Trabajo y salud mental. Hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España», que este miércoles han presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la comisionada de Salud Mental, Belén González.
Solo en 2022, la precariedad en el trabajo ocasionó 170.000 casos de depresión; en 2024, se contabilizaron 643.000 bajas laborales por salud mental, un 72 % más que en 2020, la mayoría, de mujeres de entre 36 y 50 años, «muchas dobles jornadas, muchas en soledad» y sin la red de cuidados que necesitan, ha lamentado García.
Las personas afectadas por la precariedad laboral acaban saturando las consultas de atención primaria y los dispositivos de salud mental «por ansiedad, por insomnio, pero no es algo que viene así de la nada, sino que viene por un mal jefe, por un turno infinito, porque no dan las horas del día, porque nos come la vida y nos come la ansiedad de un trabajo en el cual no podemos desarrollarnos bien como personas».
«Nuestro sistema sanitario es un radar de esos condicionantes laborales», ha dicho la ministra de Sanidad; por ello, el informe «propone algo tan básico» como que los médicos pregunten por ellos en las consultas para incorporarlos a la historia clínica, porque si se siguen obviando, «nos estamos perdiendo uno de los factores de riesgo fundamental que afectan a la salud mental de nuestros pacientes».
Y eso lo cambiaría todo, porque ya no se le despachará con un ansiolítico, sino que se concluirá que el paciente «necesita recursos sociales, apoyo comunitario, quizás un sindicato», es decir, prescripción social, ha recalcado.
Traducido en coste económico, los trastornos de salud mental representan el 1,5 % del PIB, ha añadido Díaz, que ha criticado estas «sociedades contemporáneas que están absolutamente agotadas». «Vivimos en vidas permanentemente conectadas, rodeadas de una presión que es absolutamente insoportable y que nos está enfermando», ha censurado.
El documento recuerda que, desde el punto de vista normativo, «el reconocimiento de la incapacidad laboral está anclado en un listado de enfermedades profesionales que no incluye actualmente ningún trastorno mental».
Y esta omisión acarrea consecuencias tanto individuales como colectivas: «menor compensación económica, ausencia de reconocimiento de la causa, y falta de asunción de responsabilidad por parte de las empresas o instituciones causantes del daño». «En términos políticos, los beneficios de la presión laboral son privatizados, mientras que los costes económicos, sociales y sanitarios, son socializados», afirma.
«En una sociedad contemporánea la gente no puede morir y no debe de enfermar en su puesto de trabajo. Y si lo hace tiene que ser reconocido como enfermedad profesional», ha resaltado Díaz.
Díaz se ha preguntado cuántas veces, al firmar una baja médica por salud mental, el facultativo ha puesto de forma directa una enfermedad profesional. «Yo no lo he visto nunca», ha garantizado.
Por eso, aunque las enfermedades profesionales «están en otro ministerio», se ha comprometido a luchar con Sanidad para cumplir el mandato de este informe «para que esas enfermedades profesionales avancen».
Una de las principales aportaciones del informe es que, además del reconocimiento del trabajo como un determinante social, es la creación de herramientas clínicas y epidemiológicas para detectar, describir y notificar los problemas de salud mental vinculados al trabajo, herramientas que hasta ahora no existían de forma integrada en nuestro sistema sanitario, ha explicado la comisionada de Salud Mental, Belén González.
La comunicación de la sospecha es una de ellas, y permitirá que lo que se observa en las consultas llegue a las administraciones sanitarias. También se desarrollan algoritmos clínicos, descripciones estandarizadas y propuestas de mejora de los registros sanitarios.
«Esta hoja de ruta no es un punto final, sino un punto de partida», ha concluido González, que ha señalado que, en los próximos meses, se desarrollarán contenidos formativos, propuestas normativas y mecanismos de coordinación con los agentes sociales, laborales y políticos.
