Madrid, 8 sep (EFE).- El exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán ha reclamado al Tribunal Supremo que le deje en libertad tras setenta días en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Koldo, una investigación que considera «sin límites» y que persigue «incriminar actividades propias de la participación política».
Los abogados del exdirigente socialista han presentado este lunes varios escritos, a los que ha tenido acceso EFE, en los que reclaman la excarcelación de Santos Cerdán, que ingresó en prisión el 30 de junio como investigado en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública.
La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, que también recurrió al Tribunal Constitucional para que revocase la prisión provisional, carga contra un procedimiento judicial que considera «fuertemente tensionado procesalmente».
Habla de una «pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno», en la que -subraya- «no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado», sino «que construye una causa general que comprende toda la vida política» de Cerdán, desde el 2014, «cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria».
Considera que la orden de prisión provisional en su contra se basa «en pruebas cuyo origen y naturaleza» se desconoce, que busca «avalar una hipótesis policial sin indicios que la confirmen» y se fundamenta en «una investigación judicial sin límites y sin objeto delimitado».
Vuelve a cuestionar las grabaciones de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, «cuyos orígenes no constan en este procedimiento» e incide en que, aunque Koldo García «ha negado ser autor de las grabaciones», en el caso de que lo hubiera sido, «es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial y, por tanto, sería una prueba absolutamente nula».
En otro de sus escritos, Santos Cerdán pide al juez que cite a varios agentes de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación, al comandante del instituto armado Rubén Villalba -investigado en la rama del caso que sigue la Audiencia Nacional-, y a quien fuese su responsable.
También solicita que el juez reclame a la Guardia Civil «todos los informes pendientes» relativos a Cerdán, que entregue «todo el material expurgado o declarado secreto» y que se investigue la existencia del chat «K fontanería» por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente de Rubén Villalba.
Y carga a su vez contra otro de los empresarios investigados, el comisionista Víctor de Aldama, por el «carácter pactado y abiertamente falso» de su declaración, al tiempo que pide información sobre las visitas que recibió mientras estuvo en prisión preventiva para determinar las «posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración».
