París, 24 sep (EFE).- Sentenciado dos veces a penas de prisión por corrupción y por la financiación ilícita de su campaña electoral de 2012, el expresidente francés Nicolas Sarkozy se expone este miércoles a una tercera condena, esta vez por haber recibido fondos del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.
Durante tres meses de juicio, entre enero y abril pasados, la acusación puso sobre la mesa un «conjunto de indicios» sustentados en testimonios de exresponsables libios, notas incautadas y la confesión de un oscuro mediador fanco-libanés que motivó la apertura del caso.
Precisamente dos días antes de que se lea la sentencia se ha sabido que ese intermediario clave en la acusación, Ziad Takieddine, ha fallecido en Beirut. Takieddine era uno de los acusados, en su caso juzgado en rebeldía porque no quiso comparecer.
En el proceso, la Fiscalía reclamó siete años de cárcel para Sarkozy y 300.000 euros de multa, además de penas algo inferiores para dos exministros suyos y otros intermediarios.
Sarkozy niega los hechos y se esforzó durante el juicio en poner de manifiesto que no se ha encontrado rastro del dinero presuntamente pagado por Trípoli a su campaña.
Un argumento que no pareció convencer a la presidenta del tribunal, que advirtió que en asuntos de corrupción pocas veces se encuentran pruebas directas, pero que la acumulación de indicios puede también conducir a la condena.
Una amenaza sobre el expresidente francés, que acusó a la Fiscalía de negarse a reconocer tras una petición de pena tan dura la ausencia de pruebas.
A sus 70 años, Sarkozy, que entre febrero y mayo pasados tuvo que llevar un brazalete electrónico para garantizar el arresto domiciliario por el que fue condenado de forma definitiva en diciembre pasado por otra sentencia previa, no ha terminado de afrontar a la Justicia desde su derrota ante el socialista François Hollande en 2012.
Siete años de cárcel
Pero la pena que pende ahora sobre su cabeza es de un nivel superior, tanto por la gravedad de los hechos que se le imputan como por las consecuencias de haber recibido dinero de un régimen como el de Gadafi, al que años más tarde contribuyó a derrocar con una intervención militar directa en 2011.
Apartado de la primera línea política pero con una enorme influencia en el campo conservador francés, su elevada cota de popularidad puede verse deteriorada por un nuevo revés judicial, sin contar las consecuencias que tendría saber que su conquista del Elíseo se hizo con fondos de una potencia exterior de dudosa reputación.
Durante meses, la acusación fue desarrollando el relato de una connivencia entre Sarkozy y el régimen libio, que supuestamente se saldó con un «pacto de corrupción» que fue rubricado en un encuentro con Gafafi en Trípoli en 2005, cuando era ministro del Interior.
A partir de ahí, la instrucción y algunos medios de comunicación sacaron a la luz un conjunto de indicios, de transferencias de dinero que fueron dejando huella, con testimonios de antiguos responsables del régimen libio recogidos tras su caída en 2011.
También de encuentros de dos estrechos colaboradores de Sarkozy, Claude Guant, que fue su jefe de gabinete antes de que le confiara la cartera de Interior, y Brice Hortefeux, su mejor amigo, que también ejerció esa misma cartera ministerial, con escabrosos personajes del régimen.
Como el cuñado de Gadafi, Abdallah Al-Senoussi, influyente figura del régimen pero que estaba condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellas franceses.
Entre otros indicios, la acusación sostiene que eso prueba la existencia del pacto, alimentada por las agendas encontradas del banquero Wahib Nacer, donde anotaba los pagos y que permitieron a los investigadores seguir su rastro.
Para la defensa, se trata de un «relato hipotético» montado sin pruebas y que no demuestra la existencia de la financiación ilegal.
Sarkozy defiende con contundencia su inocencia, al igual que hizo en los anteriores juicios.
En marzo de 2021 fue condenado a un año de cárcel por tráfico de influencias y corrupción, pena confirmada dos años más tarde en apelación y por el Supremo en diciembre pasado, lo que le obligó a llevar un brazalete electrónico.
En septiembre de 2021 fue sentenciado a un año de cárcel por financiación ilegal de su campaña de 2012, pena que en apelación se redujo a la mitad, y sobre la que el Supremo se pronunciará el mes próximo.
Además está imputado por haber tratado de silenciar el testimonio de Takieddine, un caso en el que también se ha visto envuelto su esposa, Carla Bruni.
Luis Miguel Pascual
