Madrid, 18 jun (EFE).- Save The Children ha denunciado que España presenta «fallos sistémicos» al determinar la edad de los jóvenes migrantes que llegan a sus costas, como una gran dependencia de valoraciones visuales rápidas de la Policía, imposición de fechas de nacimiento arbitrarias o el abuso de pruebas médicas poco certeras.
Así lo señala la entidad especializada en protección a la infancia en su informe ‘Cruzando Fronteras’, que analiza el tratamiento a los niños migrantes en las fronteras de cinco países europeos, entre ellos España, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.
La determinación de la edad en los jóvenes migrantes que llegan solos a España es clave porque marca la diferencia entre tener derecho a tutela, alojamiento hasta los 18 años, situación administrativa regular y educación o verse reducidos a extranjeros sin papeles, con riesgo de ser acogidos junto a adultos y estar expuestos a violencia, explotación y abusos.
Una primera valoración visual sin escuchar al menor
La investigación, basada en entrevistas a menores y profesionales, pone de manifiesto que España presenta «graves deficiencias» en la protección procesal de los menores, recurriendo con frecuencia a métodos arbitrarios como la inspección visual rápida por parte de la Policía en el caso de los jóvenes sin documentación.
Este paso es el que determina los casos «no dudosos» de los «dudosos» -a los que se realizarán pruebas médicas- y se llevan a cabo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) sin intervención de profesionales de los sistemas de protección de menores, como parte de un proceso que rara vez supera las 24 horas.
En esta valoración, según concluye la ONG, casi nunca se tiene en cuenta el testimonio del joven o de profesionales como mediadores culturales o psicólogos como prueba válida y a menudo las autoridades rechazan documentos oficiales, como pasaportes originales de Gambia, por considerarlos pocos fiables.
Las entrevistas realizadas revelan, según la entidad, que existen «sesgos inconscientes hacia los menores racializados» que han llevado a situaciones como el caso de un niño eritreo de 13 años que, por su gran estatura, fue erróneamente identificado como adulto.
Abuso de pruebas médicas de dudosa precisión
Abogados y ONG han señalado que muchas veces se registra la fecha de nacimiento por defecto en 1 de enero porque la Policía pregunta al joven en un momento «muy estresante, justo tras el desembarco» y muchos dicen solo el año. Esto acorta el periodo de protección y perjudica especialmente a los nacidos a final de año.
En algunos lugares, como Tenerife, se recurre «de forma sistemática» a pruebas médicas como radiografías o tests de densidad ósea, «a pesar de haber sido ampliamente criticadas por su escasa idoneidad por sus sesgos raciales y su amplio margen de error», señala la entidad.
Solo se asigna tutela legal cuando se confirma la minoría de edad, lo que deja a los jóvenes sin protección durante el proceso en el que se cuestiona este extremo, e impugnar una resolución es «extremadamente difícil», por lo que las autoridades tienen «amplia discreción».
Todas estas «fallas profundas del sistema» dan lugar a incoherencias como las señaladas en el informe por un trabajador social en Canarias, que relata que, cuando se les pregunta a los niños y niñas qué edad tienen, muchos responden: «¿En España o en mi país?».
Detenciones «de facto» a niños migrantes
Save The Children señala en su informe haber constatado que los niños y adolescentes migrantes que llegan a Canarias sufren «detenciones de facto», al ser retenidos en los CATE bajo supervisión policial y con libertad de movimiento restringida.
En algunos casos, como en El Hierro, los niños y adolescentes menores de edad han permanecido junto a adultos varios días en condiciones inadecuadas, alojados en tiendas de campaña instaladas en el puerto.
Sobre la tutela de los menores, el informe explica que esta corresponde a la Dirección General de Protección de la Infancia de cada comunidad autónoma y la guarda suele delegarse en el director del centro de protección, lo que provoca ratios muy dispares y muchas veces superiores a los estándares.
La ausencia de un tutor legal físico e individualizado limita la representación y el apoyo personalizado y estable al joven en procesos clave como las pruebas de edad o las entrevistas de asilo, lo que muchas veces lleva a clasificaciones erróneas y vulneraciones de derechos.
La entidad también llama la atención sobre la falta de un sistema de evaluación temprana de vulnerabilidades para las personas que llegan por vía marítima. Existe una criba sanitaria efectuada por Cruz Roja pero esta se centra en identificar afecciones médicas urgentes y no problemas de salud mental como trastorno de estrés postraumático o indicios de trata de personas.
Pese al elevado nivel de trauma entre los menores migrantes, los servicios de salud mental son mínimos, no hay psicólogos en los CATE, y las barreras lingüísticas y la escasez de personal limitan el apoyo.
