París, 19 mar (EFE).- La decisión francesa de autorizar o no a España a que juzgue a la etarra Iratxe Sorzábal por el asesinato en 1996 del suboficial de la Ertzaina Montxo Doral ha quedado aplazada hasta el 23 de abril.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París anunció este miércoles que deja en suspenso hasta esa fecha su dictamen en espera de recibir un complemento de información de la Audiencia Nacional de Madrid, que es la que solicitó la entrega de Sorzábal, que precisamente la está juzgando ahora por otro atentado en 1995 en el aeropuerto de Elche.
La etarra ha sido objeto de cinco euroórdenes españolas para juzgarla en otras tantas causas y los tribunales franceses han dado luz verde en tres de las cuatro tramitadas hasta ahora, mientras que rechazó una en 2020.
Su primera entrega se formalizó ese año, lo que permitió que fuera juzgada y condenada por primera vez en 2022 a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado en noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia.
La quinta, la que se examina ahora en el Tribunal de Apelación de París, se asienta en una demanda de enero de 2024 de la Audiencia Nacional, que ordenó su procesamiento por delitos de asesinato terrorista, pertenencia a banda armada y estragos.
Si fuera juzgada y considerada culpable, podría ser condenada a una pena de 20 años.
Los hechos se remontan al 4 de marzo de 1996 en Irún, cuando explotó una bomba lapa que había sido colocada bajo el asiento del conductor del automóvil de Doral que acabó con su vida.
En la audiencia celebrada el pasado 29 de enero ante la sala de instrucción, la abogada de Sorzábal, Xantiana Cachenaut, pidió a los jueces franceses que rechacen la euroorden española porque las acusaciones contra su clienta se basan en una confesión que hizo en 2001 en España bajo tortura y por eso debe quedar invalidada.
Cachenaut insistió entonces en que las alegaciones de la etarra de que fue torturada en los cinco días en que pasó en manos de la Guardia Civil en marzo de 2001 mientras estuvo arrestada “tienen fundamento más allá de cualquier duda razonable” a la vista de las fotografías que se le tomaron entonces.
También hizo hincapié en que si las autoridades españolas hubieran creído esa confesión en la que reconocía su implicación en “no menos de una decena de atentados”, no la habrían dejado en libertad en septiembre de 2001 sin siquiera ser imputada.
Sorzábal, que había cumplido una primera pena en Francia a finales de los años 1990 por su actividad en ETA, fue entregada en 2001 a España pese a que intentó evitarlo con una huelga de hambre que justificó por el riesgo que decía sufrir a ser maltratada por las fuerzas del orden españolas.
Una vez en libertad en septiembre de 2001, volvió a integrarse en ETA y fue capturada de nuevo en 2015 en Francia.