Ciudad de Panamá, 11 jun (EFE).- El sindicato bananero de Panamá se comprometió este miércoles a levantar inmediatamente los bloqueos viales en la caribeña provincia de Bocas del Toro, que desde hace más de un mes permanece semibloqueada por estos trabajadores en huelga, tras firmar un acuerdo con diputados para solucionar la crisis.
«Todas las partes acordaron un compromiso (…) y pactaron lo siguiente: primero, que la Junta Directiva de la Asamblea (…) ha acordado debatir y adoptar el proyecto de ley que remite el Órgano Ejecutivo», dijo la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Dana Castañeda.
La presidenta del Parlamento detalló que «los representantes del sindicato se comprometen a levantar de manera permanente las medidas de cierre de las vías públicas y garantizar el libre tránsito en Bocas del Toro de manera inmediata a la firma de este acuerdo».
El sindicato se reunió desde el martes y hasta hoy con jefes de grupos parlamentarios para encontrar una solución a la crisis en Bocas del Toro, la provincia del Caribe fronteriza con Costa Rica que permanece parcialmente bloqueada por estos trabajadores.
La salida pasa por el apoyo de los diputados a un proyecto de ley que modifica la norma especial que rige las prestaciones y jubilaciones de los trabajadores del sector, que el Gobierno elabora desde mayo después de enviar en varias ocasiones delegaciones a la provincia.
Dicho proyecto debe ser discutido en el Parlamento y luego ratificado por el presidente, conforme a la ley.
Así, los diputados y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) firmaron hoy un documento donde ambas partes se comprometen, por un lado, a discutir con premura el proyecto en el hemiciclo y, por otro, a levantar esos bloqueos viales de manera inmediata tras suscribir el acuerdo.
Bocas del Toro, la bananera y los bloqueos, una situación compleja
Los bananeros comenzaron una huelga de brazos caídos, continuada por fuertes bloqueos viales, el 28 de abril, para protestar en contra de una ley que reforma la Seguridad Social pues -según sostienen- afecta negativamente los beneficios de los trabajadores del sector recogidos en una norma especial (Ley 45 de 2017).
El sector se sumaba así a la huelga gremial liderada desde el 23 de abril por algunos sindicatos docentes y obreros de la construcción en contra de la ley que reforma a la Caja del Seguro Social (CSS), sumida en una grave crisis financiera desde hace años. Esta ley de iniciativa gubernamental desencadenó protestas irregulares con bloqueos viales que derivaron en graves enfrentamientos entre Policía y manifestantes.
Pese a que las protestas se han registrado a lo largo del país, una de las situaciones más graves se vivió en Bocas del Toro con las comunicaciones terrestres cortadas y despidos masivos de los trabajadores de esa provincia, mayoritariamente insular y económicamente dependiente del sector bananero y el turismo.
En la provincia, la bananera Chiquita Panamá, filial de la estadounidense Chiquita Brands, despidió a 6.500 jornaleros y al personal administrativo, tras alegar pérdidas superiores a los 75 millones de dólares ocasionadas por la huelga.
El Gobierno del presidente José Raúl Mulino intentó atajar la crisis en Bocas del Toro al entablar un diálogo, con la Iglesia católica como garante, a la vez que decretó el estado de emergencia en la provincia. Sin embargo, el mandatario panameño ha sido muy crítico con la huelga bananera, declarada ilegal el pasado 16 de mayo por un juzgado de Trabajo de esa misma provincia.
Los enfrentamientos han dejado una treintena de policías heridos y un número indeterminado de manifestantes afectados, entre ellos numerosos indígenas, en mes y medio de protestas.
