Madrid, 23 jun (EFE).- Tres históricos integrantes de ETA y otros tantos de Sortu han aceptado en un juicio en la Audiencia Nacional dos años de prisión por la organización de 120 actos de homenaje a etarras, han reconocido el daño causado a las víctimas del terrorismo y se han comprometido a no repetirlos y a renunciar al uso de la violencia.
Se trata de los que fueran destacados miembros de la banda terrorista ETA José Antonio López Ruiz, Kubati; Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio y de los integrantes de la Comisión de Presos Sortu Haymar Altuna Junco, Ohiana Garmendia Marín y Ohiana San Vicente Sáez de Cerain.
Todos ellos han llegado este lunes a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones por el cual han confesado los hechos, ante lo que el fiscal ha rebajado su petición inicial, de cinco años y siete meses de cárcel por los delitos de constitución y dirección de una organización criminal y de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo.
En virtud de este acuerdo queda suspendida la ejecución de esta pena con la condición de que en un plazo de tres años los acusados -todos en libertad- no vuelvan a delinquir y en concreto no participen en homenajes a etarras o presos de ETA ni en actos que ensalcen a la banda terrorista.
En esta causa se ha investigado la denominada dinámica ‘Kalera Kalera’, que dirigían los acusados y que «se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática ‘ongi etorris’ (bienvenidas) y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento», según el escrito de acusación de la Fiscalía.
En su acuerdo de conformidad los acusados han confesado que «sin perjuicio de la actividad de ‘Kalera Kalera’ para tratar de influir en la política penitenciaria, la organización reiterada y sistemática de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos los miembros de ETA del colectivo de presos produjo una constante humillación a las víctimas».
También han reconocido que las víctimas sufrieron «un impacto psicológico negativo» y que «principalmente se trataba de emociones y sentimientos relacionados con el enfado, el sentimiento de injusticia y la humillación con una intensidad muy elevada».
Por todo ello los acusados se han comprometido a la «renuncia a cualquier actividad enaltecedora de ETA y que humille sus víctimas».
Igualmente, a la «renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia para contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que les ha causado».
Los homenajes a presos de ETA, los conocidos como ‘ongi etorri’, seguían «normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje», según el escrito del fiscal.
Solo se homenajeaba a quienes se habían mantenido dentro de la disciplina del colectivo de presos, el EPPK, y no a quienes se acogieron a la ‘vía Nanclares’, se desvincularon del EPPK y se mostraron contrarios a la violencia.
El acuerdo de conformidad ha sido suscrito también por las acusaciones, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la organización Dignidad y Justicia y el PP, que han rebajado igualmente sus peticiones de pena ante la confesión y los compromisos adquiridos por los acusados.
A su salida de la Audiencia Nacional los hijos de dos víctimas de ETA que estaban citados como testigos para este juicio han mostrado en declaraciones a los periodistas su disconformidad con este acuerdo porque consideran que garantiza la «impunidad» para los que realizaban estos homenajes.
Se trata de Ana Velasco, hija de Jesús Velasco, asesinado en 1980 cuando era el jefe del cuerpo policial Miñones de Álava, y de Eduardo Lázaro, hijo de Eugenio Lázaro, al que ETA mató cuando era responsable de la Policía Municipal de Vitoria, que han lamentado que finalmente no se haya oído su voz en la vista y han expresado que sienten que los acusados se han «reído» de las víctimas.
