Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Con el objetivo de que el Estado mexicano incorpore en la medición de la pobreza, indicadores que reflejen las condiciones de movilidad, desplazamiento y retorno de la población, particularmente en zonas fronterizas y de tránsito, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa en el Congreso.
La iniciativa, que busca adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, subraya que el desarrollo social debe evolucionar para garantizar condiciones mínimas de bienestar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el papel del Estado en la reducción de desigualdades estructurales.
Precisó que esta modificación permitirá que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incorpore en su medición multidimensional indicadores de tipo territorial, institucional y comunitario, lo que resulta clave para medir la pobreza estructural en regiones fronterizas y zonas de tránsito.
«Se busca atender una realidad cada vez más visible en las regiones fronterizas y de tránsito, donde miles de personas viven en asentamientos temporales o sin acceso a servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad», indicó la legisladora en un comunicado.
Destacó que la pobreza «no se limita a la falta de ingresos», sino que también refleja privaciones en derechos fundamentales como salud, vivienda, educación, alimentación y cohesión social.
«La pobreza es una negación de los derechos humanos porque atenta contra la libertad, destruye la dignidad e implica discriminación e injusticias», expuso.
Al presentar la iniciativa, Corona Nakamura remarcó que la pobreza en contextos de movilidad humana debe analizarse con un enfoque de derechos, independientemente del estatus migratorio de las personas.
«Las personas migrantes en tránsito representan una población en constante movilidad, con muchas necesidades, pero también con dignidad y derechos que deben respetarse», expresó.
Además, sostuvo que esta reforma permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, orientadas a reducir las desigualdades estructurales y garantizar condiciones mínimas de bienestar para quienes hoy permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
El pasado 13 de agosto, el Inegi reveló que México redujo en 8,3 millones el número de pobres en 2024, a un total de 38,5 millones de personas, casi 17 % menos de los 46,8 millones de 2022.
El porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 29,6 % en 2024 frente a la proporción de 36,3 % de 2022, un descenso de 6,7 puntos porcentuales, según el Inegi.
