San Salvador, 3 sep (EFE).- El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) señaló este miércoles a la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, de ser «tapadera» (encubrir) de los atropellos registrados en el marco de la implementación de un régimen de excepción en el país, durante el cual organizaciones humanitarias han registrado la muerte de más de 400 detenidos y el Gobierno ha admitido la detención de al menos 8.000 inocentes.
Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo a periodistas que Caballero «no ha hecho absolutamente nada por defender los derechos de las víctimas del régimen» y que «ha sido tapadera del régimen de excepción».
«No ha dicho nada de los muertos en las cárceles, de los asesinados en las cárceles» y «queremos saber si la procuradora va a hablar de casi la mitad de personas capturadas (en el régimen) que no han sido condenados porque no encuentran delito», apuntó el coordinador del movimiento.
Ramírez junto a un grupo de personas se concentraron este miércoles en una zona cercana a la capital salvadoreña donde se desarrolla un foro global sobre derechos humanos organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que preside Caballero, cuyo mandato está a punto de concluir y busca ser reelecta por la Asamblea Legislativa.
Ramírez lamentó que «hoy capturan a la gente y después la investigan, a todo el mundo le aplican el régimen» y recordó el caso de varios activistas y críticos del Gobierno detenidos en los últimos meses.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.
El régimen de excepción, que suma 42 ampliaciones de 30 días desde marzo de 2021, ha dejado más de 88.000 capturas y se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única y principal apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
