Pamplona, 19 jun (EFE).- Servinabar 2000 niega que el exdirigente socialista Santos Cerdán haya sido o sea socio de esta empresa, como apuntan los informes de la UCO.
En un comunicado remitido a ‘Diario de Noticias’ por el propietario de la compañía, Antxon Alonso, este afirma que Cerdán «no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000, S.L.» y que «no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa».
Reconoce que ha mantenido una relación personal de amistad con Santos Cerdán durante varios años, pero la misma, asegura, «ha sido ajena a las actividades profesionales de cada uno».
El escrito, según señala, responde a la necesidad de aclarar «las numerosas e inexactas» noticias difundidas en torno a la empresa y su propietario desde que se emitió el informe de la UCO de 5 de junio de 2025 en la causa especial 20775/2020.
Al respecto afirma que «ni en el informe de la UCO, ni en el procedimiento penal del que trae causa» se les ha imputado ninguna actividad delictiva y eso, añade, es así «porque no se ha cometido delito alguno» por su parte.
Se indica que es una empresa fundada en el año 2015, cuyo administrador único es Antxon Alonso, que en este tiempo ha operado «con respeto absoluto de la normativa vigente en materia de contratación pública, sin recibir ningún trato de favor, ni realizar ninguna actuación ilegal».
En este sentido apunta que Servinabar, en UTE con Acciona Construcción, «se ha presentado a más de 30 licitaciones en Navarra, resultando adjudicataria de tan solo cinco» y al menos dos de ellas «han resultado deficitarias».
La única obra pública que se encuentra todavía en ejecución en la cual resultó adjudicataria la UTE constituida por Acciona Construcción S.A., Excavaciones Fermín Osés S.L. y Servinabar 2000 S.L. es la relativa a la construcción de la duplicación del túnel de Belate y esta «no ha sido puesta en duda en el informe de la UCO», remarca.
A eso añade que existe un informe emitido por la Cámara de Comptos de Navarra que concluyó que dicha adjudicación «fue conforme a la legalidad».
